Con 256 de 277 escaños controlados por el partido de gobierno después de las elecciones del pasado 6 de diciembre, calificadas de fraude por los principales partidos opositores y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, la unicameral Asamblea Nacional creó una “comisión especial” para investigar “las acciones perpetradas contra la República” por la anterior legislatura (2016-2021).
Se refirió con ello, en su primera sesión de trabajo, tras su instalación el martes, a las sanciones financieras de Washington contra Venezuela y su petrolera PDVSA, así como a denuncias de manejos irregulares de fondos estatales bloqueados en el extranjero a raíz de esas medidas.
Encabezado desde 2019 por Juan Guaidó, quien reclamó desde la jefatura legislativa la presidencia encargada de Venezuela con reconocimiento de medio centenar de países, el saliente Congreso opositor impulsó “agresiones” contra la nación sudamericana, dijo el nuevo presidente de la cámara, Jorge Rodríguez.
Ya Rodríguez --quien ocupó altos cargos durante el gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro y su fallecido antecesor, Hugo Chávez-- advirtió en su primer discurso como jefe del Parlamento, el martes, que no habría “olvido”.
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La primera vicepresidenta de la cámara, Iris Varela, pidió que la comisión presente resultados en “un lapso perentorio” que no sea mayor de un mes para que “actúe la justicia con toda su fuerza”.
“Mandando a encarcelar y perseguir, insisten en el horror. Son una lamentable dictadura”, reaccionó Guaidó en Twitter.
Guaidó, que defiende la “continuidad” del Parlamento elegido en 2015 alegando que los comicios de diciembre fueron “una farsa”, ha sido blanco de numerosas amenazas de prisión por parte de Maduro y funcionarios como la propia Varela, sin concretarse.
Más de una treintena de diputados de la anterior mayoría opositora fueron encarcelados, huyeron del país o se refugiaron en sedes diplomáticas. Algunos de ellos fueron indultados por Maduro en septiembre pasado.
La comisión será presidida por José Brito, un legislador opositor que rompió con Guaidó a finales de 2019.
El divorcio se produjo después de que Brito fuese incluido en una investigación periodística de la web Armando.Info sobre un grupo de diputados opositores acusados de corrupción vinculada con un programa de Maduro para distribuir alimentos subsidiados.