La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), Patricia Bullrich, junto a otros siete referentes del partido, exponen en el documento casos concretos, con nombre y apellido, “de personas que han sido víctimas de injustificables decisiones gubernamentales”.
Quienes firman el informe enviado a Bachelet “muestran su preocupación y se ponen a disposición, esperando que se impulsen ‘Alertas Tempranas’ sobre la situación crítica que vive la provincia de Formosa”, pide el comunicado.
El PRO es parte del frente Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora al Gobierno del peronista Alberto Fernández, quien asumió en diciembre de 2019.
El informe de 25 páginas concluye que el esquema de prohibiciones establecido por el Gobierno nacional, su implementación y control, viene operando como un régimen propicio y adecuado para la violación de los derechos humanos de los y las habitantes del país.
Agrega que el Gobierno nacional, y en particular el Gobierno provincial de Formosa, que son del mismo color político, vienen desarrollando una política que favorece y promueve acciones gubernamentales arbitrarias en perjuicio de la vida, la salud, la integridad y la dignidad de las personas.
El texto concluye con que los organismos gubernamentales nacionales no ejercen el debido control para evitar estas violaciones de derechos, y siguen sin movilizar acciones suficientes para garantizar el respeto a estos derechos fundamentales.
DENUNCIAS
Desde el comienzo de la pandemia, el 20 de marzo pasado, el Gobierno nacional ha impuesto restricciones y prohibiciones a la circulación que, el informe recuerda, ha delegado en el Ministerio de Seguridad nacional en coordinación con las fuerzas locales la implementación y el control.
En particular en Formosa detalla “la situación de los varados”, personas que la provincia impidió ingresar a su territorio hasta que la Corte Suprema de Justicia ordenó el ingreso. Sin embargo, el informe denuncia que se efectivizó el ingreso del 35 % de las personas que lo solicitaron.
También que los centros de alojamiento preventivo para cumplir con las cuarentenas al ingreso no cumplen con las condiciones edilicias ni sanitarias en condiciones de mínima dignidad. Y se denuncia que en esos centros deben cumplir aislamiento personas enfermas residentes en la provincia y personas sanas.
Respecto de las comunidades de pueblos originarios, el informe detalla abusos sobre las comunidades Quom y Wichi.
Y detalla una nómina de 28 víctimas de acciones gubernamentales llevadas a cabo en el marco de los regímenes de aislamiento y distanciamiento en otras once provincias del país.
Finalmente, recuerda que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, negó la existencia de violaciones a los derechos humanos el 28 de enero último.
Esta iniciativa se suma a los pedidos de habeas corpus realizados en la Justicia argentina por los presuntos casos de violación de derechos humanos en Formosa.
También al informe que publicará la ONG Human Rights Watch sobre las denuncias recibidas, a las acciones que realiza Amnistía Internacional Argentina y las dos medidas cautelares pidiendo la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
LA POSTURA DEL GOBIERNO
El jueves pasado, Pietragalla aseguró que no hay delitos de lesa humanidad en Formosa.
”(Los centros) son lugares que están con aire acondicionado, nadie se quejó de la comida, nadie se quejó del trato de las personas que están a cargo del lugar... Sí hubo reclamos de ciertas cuestiones puntuales, donde no se les explicó más los detalles de los procesos de hisopado y vacunación. Eso lo transmitimos y la idea es que haya más diálogo”, explicó.
También el jefe del Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, negó la situación: “No hay centros clandestinos de detención, ni hay violación a los derechos humanos en Formosa. Sí hay casos de violencia institucional de la Policía que se están estudiando”, indicó.