Tras dos años y medio de juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de Buenos Aires dictó sentencia en el cuarto gran juicio que hasta ahora se ha celebrado por los delitos en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde se estima que pasaron unas 5.000 personas, que fueron secuestradas, torturadas y muchas arrojadas con vida al mar en los llamados “vuelos de la muerte”.

En la audiencia final, realizada de forma virtual, se anunció la cadena perpetua contra el exoficial retirado de la Armada Carlos Mario Castellví, el exagente de la Policía Federal Raúl Armando Cabral y el civil de inteligencia del Ejército Miguel Conde.

Por su parte, los exsuboficiales de la Armada Carlos Néstor Carrillo, Ramón Roque Zanabria, Jorge Luis Ocaranza y José Ángel Iturri fueron condenados a 15 años de prisión y el entonces conscripto (soldado que hacía el servicio militar obligatorio) Claudio Vallejos a seis años.

De todos ellos, juzgados por crímenes contra unas 800 víctimas, ya estaban en prisión preventiva Zanabria y Carrillo, según informaron a Efe fuentes de la Fiscalía; mientras que Castellví, Conde, Cabral, Iturri y Ocaranza cumplían arresto domiciliario y Vallejos está en libertad desde hace dos años y su pena se da por cumplida por el tiempo que ya pasó detenido. Todos fueron condenados por primera vez, según las fuentes.

UN “APARATO INDUSTRIAL DE DESTRUCCIÓN HUMANA”

Durante el juicio, la Fiscalía había pedido prisión perpetua para todos los acusados excepto para Vallejos, para quien había requerido seis años de detención por su responsabilidad en el secuestro en 1977 del diplomático y dirigente de la Unión Cívica Radical Héctor Hidalgo Solá, que aún permanece desaparecido y fue visto por otras víctimas en la ESMA.

El Ministerio Público dio por acreditado que el resto de imputados cumplieron funciones en un grupo de tareas de la ESMA que ejecutaba secuestros, torturas y homicidios a perseguidos políticos y “eligieron callar” su responsabilidad y el destino de las víctimas.

“Estos hechos fueron cometidos contra la humanidad. Quienes los cometieron son enemigos de la humanidad”, dijo durante el juicio el fiscal Félix Crous, que calificó a la ESMA como un “aparato industrial de destrucción humana”. Crous explicó que el grupo de la Armada estaba compuesto por estudiantes y personal de baja jerarquía que llamaban a los secuestrados por sus números para que formaran fila y fueran trasladados al baño; distribuían alimentos y vigilaban a los detenidos.

“Los Verdes”, como se llamaba a ese grupo, tenían, según la Fiscalía, vía libre para hostigar a las víctimas y cometer abusos sexuales, y el fiscal recordó que una de las víctimas narró que miembros de ese grupo “andaban en moto arriba de los cuerpos de las víctimas en el sótano” de la ESMA.

EL TEMPLO DEL TERROR

El anterior juicio, el tercero, por delitos en la ESMA, culminó en noviembre de 2019 y se saldó con 29 personas sentenciadas a prisión perpetua, otras 19 con condenas menores y 6 absueltos.

Militantes políticos y sociales, de grupos revolucionarios armados y no armados, trabajadores, estudiantes, artistas o religiosos pasaron por el edificio del casino de oficiales de la ESMA durante la dictadura.

El recorrido de los prisioneros comenzaba en el sótano, donde eran sometidos a torturas con el fin de extraerles información tanto de sus organizaciones políticas como de otros militantes.

Después iban al tercer piso donde estaba la sala conocida como “capucha”, que era la que más prisioneros alojaba. En la misma planta se hallaban las embarazadas que esperaban dar a luz a sus hijos, niños después secuestrados y entregados a familias afines al régimen.

Los “vuelos de la muerte” se producían después de colocar en fila a las víctimas, que drogadas eran subidas a un avión y arrojadas vivas al mar.

En 2004, el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) anunció la creación del Espacio Memoria y Derechos Humanos en el amplio solar en el que está el complejo de la antigua ESMA, definitivamente desocupado por las Fuerzas Armadas en 2007.

MÁS DE 1.000 CONDENADOS

Según los organismos de derechos humanos, el terrorismo de Estado hizo desaparecer en Argentina a cerca de 30.000 personas.

Tras el Juicio a las Juntas, que en 1985 condenó a los máximos jefes del régimen, los cientos de procesos que se abrieron para juzgar a los mandos inferiores fueron interrumpidos por las leyes de punto final y obediencia debida sancionadas en 1986 y 1987, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989).

Luego, Carlos Menem (1989-1999) firmó indultos en favor de militares que participaron de la dictadura y de los líderes de las guerrillas de izquierda. Pero en 2005, la Corte Suprema, durante el Ejecutivo de Kirchner, declaró la inconstitucionalidad de esas leyes y los juicios se retomaron.

Según el más reciente informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, publicado el 30 de diciembre pasado, desde entonces fueron imputadas 3.448 personas y se dictaron 250 sentencias, en las que resultaron condenadas 1.013 personas (276 de ellas con al menos un fallo firme) y absueltas 164.

Del total de investigados, 904 fallecieron en los 14 años de procesos, de los que 692 lo hicieron antes de obtener sentencia y 212 tras ser condenados o absueltos.

Asimismo, 25 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad están prófugas y su captura tiene precio: el Estado ofrece el pago de recompensas de entre 500.00 y 1 millón de pesos (de 5.600 a 11.200 dólares).