Vizzotti, que asumió el cargo este sábado tras la marcha de Ginés González García -quien renunció por el escándalo desatado al conocerse que personas cercanas al poder tuvieron privilegios para acceder a la vacunación-, tomó la decisión a recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
La medida se da en el contexto del acuerdo comercial que gestionó el Gobierno de Alberto Fernández con la Corporación Grupo Farmacéutico Nacional Chino para la adquisición de un millón de dosis que comenzarán a llegar a Buenos Aires “en los próximos días”, según expresa un comunicado difundido por la Presidencia.
Ese lote se sumará a las remesas ya recibidas desde finales de diciembre: 1,22 millones de dosis de la Sputnik V y 580.000 del Instituto Serum de la India, realizada con la tecnología de la británica AstraZeneca.
Según la información difundida, la vacuna SARS COV-2 desarrollada por Sinopharm en colaboración con el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products de China es una vacuna “inactivada”, lo que significa que porta una versión del virus alterada genéticamente que le impide reproducirse y desarrollar la enfermedad, pero que genera una “respuesta inmune en el organismo con capacidad protectora”.
La vacuna requiere de dos dosis que se han de aplicar con al menos 21 días de diferencia, y puede transportarse y almacenarse entre 2 y 8° C y permanecer estable durante 24 meses.
“Los ensayos clínicos de Fase I y II, publicados en la revista médica The Lancet, demostraron que esta vacuna es segura y eficaz. Los ensayos de Fase III también se realizaron en la Argentina por la Fundación Huésped en los centros Vacunar, con la participación de 3.000 voluntarios”, se remarca.
Hasta ahora, además de la vacuna de Sinopharm, Argentina ha autorizado el uso de las de la estadounidense Pfizer -con la que el Gobierno no llegó a un acuerdo para su compra-; la rusa Sputnik-V; la elaborada por AstraZeneca y la producida en el Instituto Serum de la India.