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La moción, presentada por iniciativa de los conservadores (oposición), fue adoptada en la Cámara de los Comunes por 266 votos a favor de los 338. El texto aprobado también pide al gobierno de Justin Trudeau que oficialice esta decisión.
Otros diputados, incluidos los ministros del gobierno, se abstuvieron.
El texto reconoce que “los uigures en China han estado y están sujetos a un genocidio”.
El régimen totalitario de Pekín, a través de su embajada en Canadá emitió un comunicado en el que tildaba la moción de “acto vergonzoso”, calificando a los legisladores canadienses de “hipócritas y sinvergüenzas” por usar “la excusa de los derechos humanos para participar en una manipulación política en Xinjiang con el fin de interferir en los asuntos internos de China”.
Los diputados canadienses señalan el “adoctrinamiento político y antirreligioso”, el “trabajo forzoso” y la “destrucción de sitios culturales” que sufre esta minoría musulmana en Xinjiang.
Según expertos extranjeros, más de un millón de uigures están detenidos en campos de concentración, que el régimen comunista los denomina con el eufemismo de “campos de reeducación política”.
El régimen dice que se trata de centros de formación profesional destinados a distanciarlos del terrorismo y el separatismo.
“Los conservadores pedimos al gobierno liberal (a pesar del nombre, su línea política es socialdemócrata) que respete el Parlamento y reconozca oficialmente que está ocurriendo un genocidio en China”, dijo su líder, Erin O’Toole, quien desde hace meses exige al gobierno canadiense que endurezca su postura contra Pekín.
“El Gobierno de Canadá se toma muy en serio cualquier alegación de genocidio”, respondió el canciller, Marc Garneau, recordando que Canadá prefiere un enfoque común con sus aliados sobre este tema.
Trudeau admitió el viernes que “se han reportado enormes violaciones de derechos humanos en Xinjiang”.
El primer ministro precisó al final de una reunión del G7 que Canadá estaba consultando con sus socios de la comunidad internacional sobre el uso del término “genocidio”, ya utilizado por la administración del expresidente estadounidense Donald Trump.