Uruguay, que es el último país de Suramérica en comenzar la vacunación a la población, desde el 13 de marzo de 2020 registra 54.874 contagios (6.248 activos, 62 de ellos en cuidados intensivos) y 591 fallecidos.

Pese a que algunas autoridades uruguayas se han mostrado contrarias a hacer un " show " mediático, es máxima la expectación por la llegada del primer cargamento de vacunas a Uruguay, ya que este país es el último de Suramérica en iniciar su plan de inoculación a la población.

Según las cifras anunciadas el pasado lunes por el mandatario, esas 192.000 dosis de Coronavac, la vacuna de Sinovac, se verán complementadas a partir del 15 de marzo con otras 1.558.000 dosis y entre el 8 de marzo y el 26 de abril arribarán a Uruguay unas 460.000 dosis del laboratorio estadounidense Pfizer.

Las dosis de Sinovac comenzarán a administrarse el 1 de marzo a docentes, policías, bomberos y militares en servicio, y a trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) menores de 60 años, que desde este viernes pueden inscribirse en una agenda habilitada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), mientras que a partir del 8 se vacunará con Pfizer al personal de la salud.

Lacalle Pou consideró que “no va a haber tiempo muerto” entre las llegadas de las ya anunciadas y las que completen la compra hecha por Uruguay de 3,8 millones de dosis -entre Pfizer y Sinovac- y la reserva de 1,5 millones de la plataforma Covax, creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una distribución entre los países menos favorecidos.

Por ahora, rigen en Uruguay el cierre de fronteras al turismo (solo pueden entrar uruguayos y residentes, además de excepciones por cuestiones económicas, diplomáticas o personales, previa autorización del Poder Ejecutivo) y la apertura de bares y restaurantes hasta las 02.00 horas (si bien en Montevideo es la medianoche por disposición del Gobierno local) .

Además, la semana pasada se conoció la prórroga por 30 días más de la ley aprobada por el Parlamento uruguayo y promulgada el 21 de diciembre pasado, que permite restringir el derecho de reunión “por razones de salud pública”.