Según EE.UU., esfuerzos de Paraguay por combatir el lavado de dinero son insuficientes

En la edición 2021 de su Informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que en nuestro país el gobierno continúa enfocándose en reducir el uso delictivo de los recursos financieros de Paraguay, mostrando resultados en términos de arrestos modestos y el progreso hacia la implementación de nueva legislación; sin embargo, las condenas siguen siendo exiguas.

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Señala además a la triple frontera como zona propicia para el comercio ilícito de bienes multimillonarios, incluyendo el cultivo de marihuana y el tráfico de cocaína y armas, lo que facilita el lavado de dinero.

Habla de que las vulnerabilidades de Paraguay que facilitan el lavado de dinero tienen que ver con un gran número de casas de cambio no registradas; el uso frecuente de efectivo; el uso de información falsa para registrar empresas; regulación laxa de las empresas de importación-exportación, casinos; controles fronterizos débiles; agentes gubernamentales corruptos; y supervisión insuficiente de un gran volumen de transferencias de dinero al Líbano y China.

“Las organizaciones criminales transnacionales y locales continúan aprovechándose de las economías y controles fronterizos laxos en Ciudad del Este y otras ciudades fronterizas para el narcotráfico y tráfico de armas, contrabando y falsificación de mercancías, y falsificación de documentos. Las organizaciones criminales disfrazan el blanqueo del producto de estas actividades en el alto flujo de productos falsificados y legítimos vendidos en Brasil desde Paraguay, a menudo con la asistencia de funcionarios gubernamentales corruptos”

Agrega que la autoridad portuaria administra puertos y almacenes de libre comercio en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

Paraguay continúa tomando medidas para implementar estándares internacionales anti lavado de dinero. “Paraguay inició varios casos más de lavado de dinero de alto perfil contra múltiples infractores que en 2019. Las autoridades han llevado a cabo órdenes de registro y, en algunos casos, han presentado cargos preliminares y acusaciones formales. Como en casos pasados, el desafío será ver estos casos hasta su finalización y condena. El caso Megalavado de mil millones de dólares, abierto en 2014, permanece bajo investigación pero sin acusaciones ni condenas.

Informa además que Seprelad está trabajando con el BCP para mejorar la coordinación y la calidad de la Comunicación de Transacciones Sospechosas (STR por sus siglas en ingles), que son presentados principalmente por bancos. A pesar del importante acercamiento a los bancos, solo aproximadamente el uno por ciento de los STR recibidos por Seprelad y alcanza el umbral para abrir una investigación.

“Durante los primeros seis meses de 2020, Seprelad recibió 5.811 RTS, 43 por ciento menos durante el mismo período en 2019. Esta disminución probablemente se deba a una disminución de actividades después de que el gobierno introdujera estrictas medidas de mitigación de COVID-19 en marzo de 2020, lo que requirió que muchas empresas suspendan sus actividades durante tres a siete meses. A octubre de 2020, la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad remitió 66 informes de inteligencia a diversas autoridades paraguayas”.

Indica además que el año pasado Senabico aumentó su plantilla a 27, pero el gobierno recortó su presupuesto en más de 15 por ciento de US$ 648,000 a US$ 510,000. Independientemente a esto, la cantidad de activos incautados por Senabico continúa creciendo, y actualmente asciende a más de US$ 165 millones.

Destaca que Senabico “ha luchado por cumplir con su misión debido a la falta de cooperación de otras entidades gubernamentales, como el Procurador General y jueces que no están familiarizados con el mandato de Senabico y no están dispuestos a ceder autoridad a Senabico”.

Finaliza diciendo que el gobierno paraguayo logró avances modestos en la implementación de nuevas leyes aprobadas en 2019, pero continúa luchando por obtener condenas por lavado de dinero”.

El Informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes de 2021 (INCSR por sus siglas en inglés) es un informe anual del Departamento de Estado al Congreso, preparado de conformidad con la Ley de Asistencia Extranjera. Describe los esfuerzos de países clave para atacar todos los aspectos del comercio internacional de drogas en el año calendario 2020. El volumen I cubre las Actividades de Control de Drogas y Productos Químicos. El Volumen II cubre el Lavado de Dinero y los Delitos Financieros. En cada volumen se describe el papel del régimen venezolano en estas actividades delictivas.