Esta semana la Fiscalía General de Bolivia admitió la proposición acusatoria para el inicio de una investigación en contra de Áñez, tras la denuncia interpuesta por unos 20 familiares de las víctimas de los enfrentamientos en Senkata, en la ciudad de El Alto, y en Sacaba, en el departamento de Cochabamba, en noviembre de 2019.

Por este caso, la expresidenta transitoria es procesada por los delitos de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte.

Luego de la audiencia, en las redes sociales de Áñez fue publicado un mensaje en el que señaló que se abstenía de declarar y que en su momento ampliará su declaración.

"Sin embargo, quiero decir que soy una persona de fe, que no ordeno la muerte de ninguna persona, ni en Sacaba, ni en Senkata, ni en Montero. Por el contrario, sabemos a estas alturas que ha sido otra persona la que quería incendiar y cercar La Paz", se añade en el mensaje.

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El excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana Gonzalo Terceros, quien fue detenido esta semana, reveló unas supuestas amenazas del exvicepresidente Álvaro García Linera de “incendiar la ciudad de La Paz” y el aeropuerto militar en el trópico de Cochabamba si no permitían el despegue del avión enviado por el Gobierno de México para sacar a Evo Morales del país, tras su renuncia a la Presidencia en 2019.

"Estoy cansada de tanta manipulación de la justicia y de tantas mentiras que se dicen en mi contra (...) otros generaron la violencia", reiteró la exmandataria en su mensaje en las redes sociales, que son manejadas por personas de su entorno.

El fiscal superior Gonzalo Aparicio se trasladó hasta la cárcel de Miraflores en la ciudad de La Paz, para tomar la declaración de Áñez, quien lleva casi cuatro meses en detención preventiva en ese centro carcelario.

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Al salir se limitó a confirmar que Áñez hizo “uso del derecho constitucional de abstenerse de prestar su declaración informativa” y que el caso se encuentra por el momento “en una fase inicial de acumulación de antecedentes”.

Los hechos por los que se investiga a Áñez tienen que ver con los enfrentamientos del 15 de noviembre en Sacaba, cuando grupos cocaleros del trópico de Cochabamba intentaron entrar en esa ciudad y la Policía y el Ejército no les permitió el acceso, y como resultado dejó unos 10 civiles muertos y varios heridos.

El otro suceso se registró el 19 de noviembre de 2019 en Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, donde durante un operativo militar y policial para desbloquear el paso de combustibles desde una refinería, lo que causó la muerte a diez personas y varios heridos.

En su momento, el Gobierno interino señaló que los disparos en ambos sucesos se produjeron entre los mismos manifestantes y que las fuerzas de seguridad no habían utilizado armamento letal, sin embargo, informes de algunos organismos como la Defensoría del Pueblo establecieron que hubo un uso desmedido de la fuerza.

La exmandataria interina también es procesada en el caso conocido como “golpe de Estado” y se le acusa de terrorismo, sedición y conspiración, junto a varios de sus exministros y exjefes policiales y militares.