El informe semanal del Gobierno sobre la campaña de vacunación, hecho público hoy, muestra que, de los 1.465.572 docentes y personal escolar del país, 217.870 aún no han sido vacunados con la primera dosis, lo que equivale al 14,87 % del total.

Con el nuevo curso, a partir de septiembre, el personal de la escuela elemental, secundaria y de la Universidad deberá mostrar el certificado sanitario, que demuestra que su portador ha sido vacunado, ha pasado la enfermedad o tiene una prueba negativa.

En el caso de los profesores no universitarios, serán suspendidos de empleo y sueldo en caso de no presentarlo, a no ser que no se hayan vacunado por motivos de salud.

Como "personal escolar" se incluye a los docentes pero también a todos los trabajadores con competencias administrativas, técnicas y auxiliares de los centros educativos.

La decisión, que está siendo objeto de un encendido debate, ha sido criticada hoy por el secretario general del sindicato CISL, Luigi Sbarra, quien cree que "no se pueden introducir sanciones y suspensiones" así y considera que puede crear un "precedente peligroso".

La responsable del área de Educación de ese sindicato, Maddalena Gissi, lamentó que, con esa medida, los directores de escuela "tendrán un nuevo rol, el de inspectores de sanidad", pues deberán cerciorarse de que sus docentes cuenten con el documento.

Desde este viernes, el certificado sanitario, conocido como "Green Pass", es obligatorio en Italia para consumir dentro de bares y de restaurantes, así como para acceder a museos, teatros, cines, gimnasios bajo techo o grandes eventos como los conciertos.

Esta disposición también afectará a los medios de transporte a partir de septiembre y hasta el 31 de diciembre, cuando expira el estado de emergencia.

Será obligatorio para subirse a un avión, usar un barco que conecte dos regiones italianas, para trenes cama y de larga distancia entre ciudades o para los autobuses que atraviesen más de dos regiones.