Jorge Canahuati, presidente de la SIP, condenó los numerosos ataques contra periodistas bolivianos y destacó que, además, las autoridades deben “investigar las denuncias y deslindar responsabilidades”.
"Es el momento para crear un programa de protección que atienda y garantice de inmediato la integridad de los periodistas que ejercen el oficio en condiciones de riesgo e inseguridad" en esa nación, señaló Canahuati en un comunicado.
Los Gobiernos de Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Paraguay ya han creado sistemas de protección para periodistas que sirven para prevenir casos de violencia, disminuir los niveles de riesgo y combatir la impunidad que rodea a los crímenes contra periodistas, agregó la SIP, con sede en Miami (Florida).
Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, apuntó que, si bien esos sistemas no son tan eficientes como deberían ser, dado que muchos países "carecen de los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios" para operar, "por lo menos ofrecen una capa importante de seguridad y prevención".
Canahuati y Jornet resaltaron que en América Latina "ya hay suficiente experiencia acumulada sobre este tipo de sistemas de protección" que sirva de modelo para las autoridades bolivianas.
Agregaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que "prevenir, proteger y procurar justicia son los elementos básicos que deben tener estos sistemas".
En los últimos meses, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia denunció más de una veintena de casos de violencia contra periodistas, entre ellos, agresión física, amenazas, secuestros y tortura.
La ANP también registró casos de autoridades y funcionarios que descalificaron públicamente la cobertura informativa de al menos seis medios de comunicación: Página Siete, Los Tiempos, Correo del Sur, Grupo El Deber, Agencia de Noticias Fides (ANF) y Erbol.