“Ya hemos llegado a acuerdos en todos los puntos sustanciales. Estamos en las últimas horas”, dijo la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en rueda de prensa, sobre el diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Se continúa trabajando para llegar a plasmar en un texto todos los acuerdos correspondientes, traducir esos textos y tener la documentación necesaria pertinente para ser enviado al Congreso, esperamos en las próximas horas” que “comience su tratamiento”, explicó Cerruti.
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La portavoz detalló el acuerdo de aumento de tarifas de gas y electricidad para 2022 y 2023, que “era uno de los puntos que había detenido el cierre total del acuerdo”, ya que el programa con el FMI busca que el déficit primario llegue a cero en 2025 y ante la necesidad de adecuar las variables al contexto global de aumento de precios del gas y petróleo por el conflicto en Ucrania.
El Gobierno del peronista Alberto Fernández aplicará un plan de segmentación de tarifas de luz y gas en tres niveles y aplicará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior (en 2021 fue del 53,4 %), luego de celebrar una audiencia pública a fines de abril próximo.
Tarifa Social
El primer nivel es el de los usuarios incluidos en la llamada Tarifa Social, que sufrirán un incremento de los servicios del 40 % del CVS; para los usuarios residenciales que continuarán recibiendo subsidios, el aumento será del 80 % del CVS, y los hogares con capacidad de pago dejarán de recibir subsidios.
Cerruti reconoció que la negociación que “se demora más” de lo que se quiere, pero que se llega después de “esta larguísima pelea y larguísimas discusiones y sometidos a muchísima presión y a muchísimos intentos de los países más poderosos”.
La portavoz dijo que este acuerdo con el FMI es visto por el mundo como “un acuerdo insólito” porque “no prevé ningún tipo de ajuste”, ni de reforma previsional, ni laboral pero sí contempla un piso de gasto social y de capital.
Argentina anunció el 28 de enero pasado un entendimiento en determinadas políticas con el FMI para refinanciar alrededor de 44.500 millones de dólares de deuda tras meses de intensas negociaciones marcadas por la necesidad del Gobierno argentino de extender los plazos de pago, ante la escasez de recursos para pagar los vencimientos, comenzando por el del 22 de marzo próximo.
Para entrar en vigor, ese programa deberá ser ratificado formalmente por el directorio del FMI y el Congreso argentino, donde ningún partido tiene mayoría absoluta y donde el oficialismo ya sufrió varios reveses en el apoyo de su propia bancada, como la renuncia de Máximo Kirchner -hijo del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y de la también exmandataria (2007-2015) y actual vicepresidenta Cristina Fernández- como jefe del grupo oficialista en Diputados.