El informe “Sin tregua”, elaborado por la Coalición contra la Pandemia Minera, integrada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y activistas opuestos a la minería a gran escala, analiza la situación en nueve países desde el comienzo de la covid-19: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá y Perú.

En la mayoría de esos países, la minería fue declarada al inicio de la pandemia una actividad esencial y, por tanto, el sector quedó blindado frente a las limitaciones impuestas para contener la covid-19.

De hecho, el informe concluye que las empresas mineras se han fortalecido durante la pandemia gracias a un trato de favor por parte de los Gobiernos “con la desregulación de actividades y ajustes administrativos, lo que ha facilitado el avance de los proyectos mineros”.

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El documento cita el caso de la mina Cobre Panamá, propiedad de la firma canadiense First Quantum Minerals, que en un principio estuvo exenta de las restricciones adoptadas en marzo de 2020, aunque semanas después las autoridades le pidieron que suspendiera su actividad por la aparición de casos de covid entre sus trabajadores.

La empresa afirma que acató la orden entre abril y julio de ese año, pero el estudio recoge las denuncias de sus empleados de que las operaciones continuaron, pese a la muerte de cinco trabajadores a consecuencia del coronavirus.

En México, las actividades de minería se reanudaron después de que el entonces secretario de Estado de EE.UU., Michael Pompeo, “presionara al Gobierno mexicano” para exigir su reactivación, menciona el texto.

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Según la Coalición contra la Pandemia Minera, en los países analizados se han lanzado políticas para promocionar el sector, como "una solución para la reactivación y recuperación económica".

Además se ha empleado la transición energética (el reemplazo de combustibles fósiles con energía eléctrica) como justificación para intensificar la extracción de minerales como el cobre o el litio, este último utilizado para la producción de baterías de vehículos eléctricos.

En paralelo, la pandemia ha supuesto una serie de nuevas presiones sobre las comunidades, muchas de ellas indígenas, en las que se asientan proyectos mineros, al tiempo que ha permitido que las empresas del sector y los Gobiernos continúen violando sus derechos.

"Las mineras no han dado tregua, han seguido operando, mientras que las comunidades han tenido que enfrentar nuevos riesgos y amenazas para sostener su trabajo verdaderamente esencial, que va dirigido al cuidado de sus territorios, la tierra, el agua y los procesos de organización local", continúa el informe.

Al mismo tiempo, señala el documento, el asesinato de líderes comunitarios que defienden los territorios de su destrucción ha sido "un continuo" durante la pandemia.

De acuerdo al reporte anual de 2021 de la organización Global Witness, de los 227 asesinatos de defensores de la tierra ocurridos en 2020, 165 se produjeron en Latinoamérica.