El país suramericano —que en 2020 se desmarcó del mundo al no registrar ni una sola ola de casos, pues la primera se dio tras la llegada de la variante P.1 a comienzos de 2021— fue sacudido por la repentina decisión del juez Alejandro Recarey de dar lugar al amparo presentado a título personal por un abogado.
De esta manera, puso contra las cuerdas a la Presidencia uruguaya y al Ministerio de Salud Pública (MSP), cuyo plan de vacunación fue clave para la desescalada de la ola de contagios en el país.
PEQUEÑO, PERO SEGURO
Con solo 3,5 millones de habitantes, Uruguay nunca impuso un confinamiento obligatorio y apostó a la "libertad responsable", en tanto la mayor parte de la población decidió aislarse por elección propia y solo se suspendieron actividades colectivas.
Sin embargo, cuando el país llegó al borde del colapso sanitario en mayo de 2021 por el pico de casos y la ocupación de camas en cuidados intensivos, fue la progresiva llegada de las vacunas la que dio un respiro a la población.
La vacunación contra la covid-19 nunca fue de carácter obligatorio en la nación suramericana, que en junio de 2021 se convirtió en la primera de Latinoamérica en aplicarla a los jóvenes de entre 12 y 17 años y que en enero de 2022 comenzó a inocular a los niños de entre 5 y 11 años.
"EPPUR SI MUOVE"
Con un "Eppur si muove", frase traducida al español como "Y, sin embargo, se mueve", Galileo Galilei, obligado a abjurar del hallazgo de que la Tierra gira alrededor del sol, echó luz sobre su postura de que, por más que se la quiera negar, la verdad se sostiene.
Esta misma línea es la que titula la carta compartida este jueves en redes sociales por el ministro de Salud Pública uruguayo, Daniel Salinas, quien fue enfático en su afirmación de que hoy el país está "negando injustamente" el derecho de los niños que aún no pudieron recibir su vacuna.
Sin referencias directas al fallo judicial de Recarey, Salinas dedicó su exposición a reafirmar la "convicción" de que el Plan Nacional de Vacunación fue "necesario y efectivo".
"Recordemos que los maestros y educadores fueron grupos priorizados para que todos puedan volver a las aulas con la mayor seguridad sanitaria posible. La vacunación permitió también recuperar antes y mejorar la interacción social, el acompañamiento a los más vulnerables, como las personas mayores y con discapacidad", remarcó.
Con una mención al aval que dio a este plan el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que asesoró al Gobierno desde el comienzo de la pandemia en el país, Salinas subrayó asimismo que hoy la evidencia a favor de vacunar es "abrumadora" y cuestionarla es "grave" y afecta la "credibilidad" de los científicos y académicos del país.
"Poner en duda la seguridad y eficacia de las vacunas implica un grave perjuicio al status vacunal y sanitario logrado en nuestro país. Uruguay ha sido ejemplo en el mundo por su gestión de la pandemia y por su rápida vacunación, mérito de la población en su conjunto", remató, quien cerró haciendo suya la famosa frase de Galilei.
EN DEFENSA DE LA CIENCIA
En un comunicado a la opinión pública, la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) expresó que desde el punto de vista científico "no ha existido ningún tipo de cambio" que avale la interrupción de la vacunación en los menores de edad y que, por el contrario, "cada vez existe más evidencia sobre el beneficio y la seguridad" de inocularse.
"En el mundo se han vacunado a la fecha millones de niños. La Organización Mundial de la Salud la considera segura y efectiva y la continúa promoviendo", acota la SUP, a lo que reafirma en el escrito que las vacunas suministradas en Uruguay "son seguras y efectivas contra el virus".
En la misma línea se expresa mediante la red social Twitter el director de la cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), Julio Medina, quien afirma que el plan de vacunación es "propiedad pública" y "todos" deben defenderlo.
"Uruguay ha tenido una planificación e implementación exitosa y responsable del programa de vacunación (...) y siempre ha estado avalado por la ciencia. La comunidad científica ha trabajado de manera extraordinaria para dar este aval a las decisiones de políticas públicas", sentencia.
Por su parte, la ex viceministra de Salud Pública Cristina Lustemberg, diputada por la coalición de izquierdas opositora Frente Amplio, esgrime en su posteo que "preocupa" que la decisión de un juez "prive del derecho a la vacunación contra la covid-19 a un sector de la población especialmente vulnerable".
Para Lustemberg, pediatra de profesión, es preocupante además que se pase por alto "la profusa evidencia científica" y que se marque un precedente ajeno a las tradiciones del país.
"Nuestro país ha sido reconocido por sus políticas de salud pública en la protección y prevención de enfermedades a través de la vacunación. De mantenerse la decisión judicial, constituiría un antecedente peligroso", resalta.
Con las cartas sobre la mesa, solo resta por conocerse si la decisión judicial aplaudida entre llantos y cánticos por grupos contrarios a la vacunación infantil, se mantendrá o se revocará en una próxima instancia que comenzará en pocas horas.