Horas antes de que el Parlamento se reuniera para debatir su destitución, Castillo anunció la disolución el Congreso e instauró un gobierno de emergencia en una medida interpretada como un autogolpe por funcionarios y analistas políticos.

“Estamos en una ruptura, por decirlo al menos técnica, del orden constitucional, lo cual constituye naturalmente una afrenta muy grave para el proceso constitucional en el Perú, para la democracia en el Perú y para la democracia en todos los países que formamos parte de esta organización”, dijo el embajador durante una reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington.

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“No puedo por razones morales y profesionales tener ninguna vinculación con un régimen que funcione en base a decretos y que (...) señala que, eventualmente, llamará a elecciones, no sé sobre qué base legal” y “que gobernará por decretos”, añadió.

“Como yo no me gobierno por decretos, sino actúo con base a la ley, esta es entonces en esta condición de representante permanente del Perú ante la OEA mi última intervención”, dijo la víspera de una sesión extraordinaria sobre el informe preliminar del grupo de alto nivel que visitó Perú para analizar la grave crisis política en el país.

En el informe preliminar presentado la semana pasada, el grupo de alto nivel recomienda “una tregua política” mientras se busca “encauzar un diálogo formal”.