Este es el juicio de mayores proporciones de los celebrados hasta ahora en este tribunal, un macrojuicio para el que se han tenido que adaptar dos salas en su sede en San Fernando de Henares, cerca de Madrid.
Según fuentes del caso consultadas por EFE, más de la mitad de los acusados han llegado a acuerdos de conformidad con la Fiscalía, por los retrasos indebidos en el inicio del juicio, ya que son juzgados por supuestos delitos cometidos entre 2007 y 2011, lo que puede reducir sustancialmente sus condenas, de casi 40 a 5 años de cárcel en el caso de Cameno, que está en prisión por otra causa de narcotráfico.
Entre los acusados figuran españoles, colombianos y estadounidenses, entre otros, por supuestos delitos relacionados con el tráfico de droga, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, falsedad, falsificación de moneda o tenencia ilícita de armas.
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La Fiscalía Antidroga destaca la magnitud de esta "complejísima", "laberíntica", "intrincada" y "descomunal" organización que habría operado dentro y fuera de España entre 2007 y 2011, aunque cree que algunos miembros habrían actuado desde 2003.
El juez que investigó el caso cifró en 20 millones de euros los beneficios de la organización en 2009 y 52 en 2010.
Antidroga sitúa a Cameno y a su entonces pareja David Vela, para quienes, al margen que en el juicio se concreten esos acuerdos, solicita casi 40 años de prisión, entre los cabecillas de la trama, junto a Artemio López, para quien pide 46 años y medio.
Un hermano suyo, Álvaro, procesado en esta causa, no se sentará en el banquillo al estar cumpliendo una condena de 150 años de cárcel en Estados Unidos.
A ambos se los conoce como Los Miami y la Fiscalía calcula que su familia habría obtenido “un mínimo de casi dos docenas de millones de euros en metálico” del narcotráfico que ocultaron presuntamente en “zulos” dentro de su “lujosa” vivienda.
El fiscal atribuye a Cameno un rol "sobresaliente" y cree que desplegó la infraestructura para montar un "gigantesco" laboratorio clandestino en una finca cerca de Madrid, en el que trabajaban "cocinando" la droga cuatro profesores de Bioquímica de la Universidad Javeriana de Bogotá.
Aunque el juez procesó a 92 personas, el escrito del fiscal se dirige contra 81, al encontrarse varias de ellas fuera del alcance de la Justicia o porque no se han localizado.