“El Estado está utilizando la seguridad nacional como una herramienta para negar a los ciudadanos los recursos que se brindan conforme a la ley. Esto no es compatible con el estado de derecho”, afirmó el Supremo en una sentencia en la que cancela un veto gubernamental sobre un canal de noticias, según el medio especializado LiveLaw.
El caso se refiere a la suspensión, por parte del Gobierno, del canal de televisión regional MediaOne, al que no renovó su licencia de emisión alegando precisamente que su aprobación implicaría problemas para la seguridad del país.
El Ministerio del Interior había tachado al canal de "antisistema" y anti-India por las comentarios negativos que profirió contra una ley de ciudadanía aprobada en 2020. La norma ha causado controversia desde su aprobación por dar flexibilidades a varias minorías religiosas para obtener la ciudadanía, excepto a los musulmanes.
Sin embargo, el tribunal señaló que estas maniobras del Gobierno “producen un efecto disuasorio en la libertad de expresión y, en particular, en la libertad de prensa”.
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Ataques contra la libertad de expresión
Este veredicto se produce en medio de una serie de acciones del Gobierno de Modi y de su formación, el Bharatiya Janata Party (BJP) contra medios y adversarios políticos.
Las autoridades fiscales indias inspeccionaron durante casi tres días el pasado febrero las oficinas de la BBC en Nueva Delhi y Bombay, por supuestas dudas sobre las finanzas del medio.
La visita ocurrió un mes después de la emisión de un polémico documental sobre el rol de Modi durante unos sangrientos enfrentamientos religiosos entre hindúes y musulmanes.
Los arrestos contra periodistas, especialmente en la Cachemira india, siguen atrayendo las críticas de numerosas organizaciones pro derechos humanos como Human Rights Watch, que cifró el pasado agosto en 35 los periodistas de la región que fueron víctimas de interrogatorios policiales, redadas, amenazas, agresiones físicas o que fueron inculpados con falsos crímenes desde agosto de 2019.
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Otro de los casos que ha causado preocupación por posibles presiones del Gobierno indio es la reciente condena a dos años de prisión contra el líder opositor, Rahul Gandhi, principal figura del histórico Partido del Congreso (INC), por difamar al primer ministro.
Esta sentencia implicó la descalificación un día después del político, poniendo en riesgo su participación en las próximas elecciones generales que se celebrarán en 2024.
El mes pasado el Gobierno de Estados Unidos, en su informe anual sobre los derechos humanos en la India, denunció, entre otras cosas, “la violencia, las amenazas, los arrestos y los juicios injustificados contra periodistas, y la aplicación de leyes penales contra la difamación para limitar su expresión”.