Así lo asegura hoy en su cuenta de Twitter el ministerio de Derechos Humanos del Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que se autoproclama la autoridad legítima de Birmania y fue objeto del bombardeo, ocurrido el martes durante la inauguración de una de sus oficinas administrativas en Pazigyi, pueblo de unos 3.800 habitantes en Sagaing, uno de los bastiones rebeldes en Birmania.
Un portavoz del NUG aseguró a EFE que clínicas de la zona administradas por el movimiento de desobediencia civil surgido tras el golpe elevan la cifra a 168 fallecidos, advirtiendo de la dificultad del recuento debido a la mutilación de los cadáveres.
Un superviviente del ataque dijo a EFE el miércoles que aviones del Ejército (Tatmadaw) "arrojaron una bomba directamente contra la multitud. Cuando me agaché y miré atrás había niños de 3, 5, 7 años...", afirmó bajo condición de anonimato.
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El portavoz del NUG indicó que tras el primer ataque aéreo contra la inauguración de su oficina, ceremonia que atrajo a muchas mujeres y niños al ofrecerse comida a los vecinos, hubo otro bombardeo en la tarde del martes, mientras voluntarios trataban de encontrar a supervivientes.
La escalada de violencia responde a la proclamación del líder de la junta golpista, el general Min Aung Hlaing, el pasado 27 de marzo, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, cuando advirtió que “aplacará con firmeza” a la resistencia, con el foco en el NUG y en su brazo armado, las fuerzas para la defensa del pueblo (PDF).
Mientras el NUG fue formado primero en parte por exdiputados del Legislativo civil derrocado tras el golpe, las PDF se nutrieron poco después sobre todo de jóvenes que dejaron atrás su vida y profesiones para plantar cara al Ejército, y han ido aumentando sus destrezas bélicas en un giro inesperado para el Tatmadaw, que solo alcanza a controlar una cuarta parte del país.
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La comunidad internacional, incluidos EE.UU., la Unión Europea y la ONU, condenó el miércoles el ataque en Sagaing, mientras hoy lo hizo la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), a la que pertenecen Birmania y otros nueve países de la zona.
El ministerio de Derechos Humanos del NUG urge hoy en Twitter a que se "tomen medidas punitivas (contra el régimen militar), incluyendo una prohibición global de la venta y transferencia de armas y combustible de aviación a la junta (...), así como la involucración de la Corte Penal Internacional".
La ONU denunció en marzo que más de 3.000 civiles han sido asesinados, 1,3 millones han tenido que abandonar sus hogares y 16.000 se han convertido en presos políticos desde el golpe, entre ellos la líder de facto del Gobierno derrocado, Aung San Suu Kyi, poniendo fin a una década de transición democrática y sumiendo al país en una espiral de violencia y semianarquía.