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Solicitan informe oficial de muertes en cárceles salvadoreñas durante régimen de excepción

Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Pandilleros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 durante una requisa en el Centro Penal de Quezaltepeque (El Salvador).
Pandilleros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 durante una requisa en el Centro Penal de Quezaltepeque (El Salvador).GOBIERNO DE EL SALVADOR

SAN SALVADOR. Este lunes, miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) pidieron a las autoridades del Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador un reporte oficial acerca de los fallecimientos de individuos mientras se encontraban bajo la custodia de agentes de Seguridad del Estado en el marco de la aplicación de la medida de excepción impulsada por Nayib Bukele

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Los representantes de Movir, acompañados por algunos familiares de personas detenidas “arbitrariamente”, llegaron a la sede del IML, en San Salvador, para presentar un escrito con su solicitud.

Pidieron que se dé a conocer el "número exacto" de personas fallecidas y los nombres de las mismas.

"Hay muchas personas que desconocen el paradero de su familia no podemos continuar en este país con esta negligencia, necesitamos que las instituciones respondan", dijo Ivania Cruz, del Comité de familiares de presos y presas políticos de El Salvador, quien también acompañó a Movir.

Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), señaló que "Medicina Legal está siendo cómplice con las muertes que están ocurriendo en los centros penales".

"Hay un silencio total", agregó.

Al menos 160 personas, en su mayoría jóvenes, han fallecido en El Salvador bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado durante la polémica medida de régimen de excepción, implementada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para 'combatir' a las pandillas.

Así lo ha registrado la organización humanitaria Cristosal en un informe presentado recientemente.

El documento apunta que se identificaron patrones de muertes por tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes. Se identificaron cadáveres con laceraciones, hematomas que evidencian golpes, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulación, ahorcamiento y otros signos de tortura, señala.

Las autoridades de Gobierno no se han, por el momento, pronunciado ante el informe de Cristosal y tampoco han confirmado o desmentido dichas muertes.

Organizaciones humanitarias registraron hasta mediados de marzo al menos 5.082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto de la medida de excepción.

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