SÂO PAULO. En un comunicado, la Cancillería brasileña informó que los 17 países cuestionan puntos del nuevo reglamento contra la deforestación importada (EUDR) que entró en vigor el pasado 29 de junio para hacer frente a la crisis climática.
Las nuevas reglas de la Unión Europea (UE) impiden que ingresen al mercado europeo productos de países o regiones deforestadas o degradadas.
Con esta normativa los principales productos afectados serán el aceite de palma, ganado bovino, la soja, café, cacao, madera, caucho y sus derivados.
La carta fue dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, informó EFE.
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“El objetivo de la iniciativa es reiterar la preocupación por el carácter punitivo y discriminatorio del reglamento europeo, así como subrayar la importancia de que la UE mantenga un diálogo efectivo con los países productores”, apuntó la Cancillería brasileña.
Según la nota brasileña, la ley de la UE “entra en conflicto con los principios que rigen el comercio internacional y con los acuerdos multilaterales sobre el clima y la biodiversidad” y “presenta malentendidos y desequilibrios económicos, sociales y medioambientales”.
Los países que protestan contra ley “discriminatoria” de la UE
Además de Paraguay y Brasil, firmaron Argentina, Bolivia, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Malasia, México, Nigeria, Perú, República Dominicana y Tailandia.
Para los países firmantes, la normativa europea “establece un sistema unilateral de evaluación de riesgos que es intrínsecamente discriminatorio y punitivo, lo que puede ser incompatible con las obligaciones de la OMC (Organización Mundial del Comercio)”.
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“El enfoque inflexible adoptado por la UE ignora las diferentes condiciones locales e inevitablemente impondrá enormes costes a exportadores, importadores, productores y consumidores”, citó.
La misiva sostiene que “los pequeños productores son especialmente vulnerables a la EUDR y requieren un apoyo especial” y la UE “debe reconocer los esfuerzos realizados por los países en desarrollo para mejorar sus medios de vida y sus prácticas de sostenibilidad”.