Según indicó la OEP en un comunicado, tanto el Ministerio de Medioambiente, Alimentos y Asuntos rurales (Defra), la Agencia Medioambiental y el organismo regulador de aguas Ofwat "han malinterpretado la ley" con relación a la regulación de los llamados sistemas de alcantarillado combinados (CSO, en inglés).
Al parecer, el asesoramiento proporcionado por el Gobierno a los reguladores, y el régimen adoptado por las compañías suministradoras de agua, habrían permitido que haya descargas de aguas residuales de manera más regular de lo que pretendía la ley.
En junio de 2022, la OEP puso en marcha una investigación sobre esa normativa a cargo de las tres citadas autoridades tras haber recibido una queja en la que se aducían fallos a la hora de cumplir con obligaciones legales relacionadas a la "supervisión y cumplimiento de la gestión de alcantarillados por parte de las compañías de agua".
Helen Venn, la jefa de regulación del OEP, dijo hoy que "mejorar la calidad del agua en nuestros ríos y aguas es un desafío complicado".
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"Nos damos cuenta de que ya se están haciendo muchas cosas para atajar el problema de las fugas de aguas residuales no tratadas, y damos la bienvenida a la intención de las medidas del Gobierno como el Plan para el Agua y los objetivos para los desbordamientos de tormentas, así como los compromisos para incrementar la inversión", apuntó.
Agregó que desde la OEP tienen constancia de que tanto la Agencia Medioambiental como el Ofwat "están llevando a cabo investigaciones" y aguardan los resultados "con interés".
En respuesta, un portavoz del Gobierno británico señaló que "el volumen de descargas de aguas residuales es complemente inaceptable y por ello somos el primer Gobierno en la historia que adopta medidas tan exhaustivas para atajar esto".
Por su parte, el grupo de conservación medioambiental Wildfish, que elevó la queja original ante el OPE, señaló que tanto Ofwat como la Agencia Medioambiental y el Gobierno "son responsables de manera conjunta por la terrible contaminación por aguas residuales de los ríos".
"Han permitido a las compañías de agua contaminar de manera rutinaria, como una parte normal de su práctica de negocio", consideró su representante legal, Guya Linley-Adams.