La compañía de bandera Aerolíneas Argentinas ha cancelado 295 vuelos y reprogramado otros 26, afectando a unos 20.000 pasajeros, que “van a tener un pésimo día por culpa de esta medida”, informó en una rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Gobierno) Manuel Adorni, portavoz presidencial, quien dijo que el paro “va a ser una pérdida para muchos sectores”.
Para la aerolínea estatal, representará una pérdida de 2,5 millones de dólares, que "pagaremos entre todos los argentinos, por desgracia", destacó Adorni, con base en el comunicado de la compañía.
El portavoz aprovechó para destacar las empresas que "no adhieren al paro" y que, por tanto, "promueven el trabajo y que sus empleados cumplan con normalidad", como la firma de bajo costo FlyBondi, ya que su operación será, "dentro del desorden que está generando este paro, lo más normal posible".
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Aerolíneas Argentinas -que Milei propone privatizar, como otras empresas públicas- canceló más vuelos de los previstos originalmente porque los gremios aeronáuticos extendieron la medida de fuerza más allá de la convocatoria de la central sindical.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país e identificada con el peronismo, convocó este paro, secundado por partidos políticos y organizaciones sociales y de derechos humanos, desde el mediodía (15.00 GMT) hasta la medianoche (03.00 GMT).
Pero la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), que nuclea al personal de rampa, 'check-in' y 'call center', comenzó el paro en la pasada medianoche y, en sus redes sociales, mostró imágenes de la adhesión al paro en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, y en el Aeroparque Jorge Newbery, en la capital argentina.
En cambio, la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF) no adhiere al paro de este miércoles, porque rechaza la medida de fuerza que "busca objetivos políticos, orientados a posicionarse frente a un gobierno que asumió hace poco más de un mes", según su comunicado.
ATAF entiende que el sector que convoca a esta "medida extrema" es el mismo que "durante cuatro años permaneció indiferente a las necesidades de los trabajadores" -en referencia al gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), que terminó con un 211,4 % de inflación anual y sin convocatorias de paro general- y "ahora busca generar discordia en un momento crucial para el país".
La huelga es contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU), puesto en vigor el 29 de diciembre y aún bajo amparo judicial en varios puntos, y el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que este miércoles obtuvo el aval de las comisiones para pasar al debate en el Congreso.