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De cara a completar el proceso legislativo y cerrar el período extraordinario el 15 de febrero, el oficialismo renunció a varias emergencias públicas, disminuyendo su cantidad de 11 a 6, y está en riesgo de reducirse a 5 si se oponen ciertos grupos parlamentarios sugeridos por la ministra Patricia Bullrich. Además, el ministro Luis Caputo retiró por completo el capítulo fiscal del proyecto de Ley Ómnibus.
Los intentos por aplicar retenciones a las economías regionales, realizar reformas políticas y avanzar con un plan de privatizaciones también enfrentaron obstáculos significativos en la Ley Ómnibus.
Delegación de emergencias moderada
La Ley Ómnibus en su versión original exponía la emergencia pública en distintas áreas hasta el 31 de diciembre de 2025, con opción a prórroga por dos años adicionales.
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No obstante, las negociaciones políticas condujeron a la cancelación de emergencias en las áreas de defensa y sanitaria, y a la posibilidad de eliminar la emergencia de seguridad. Adicionalmente, se limitó el plazo a 1 año con opción a prórroga por un año más, pero sujeta a autorización del Congreso.
Supresión del capítulo fiscal de Ley Ómnibus
Luis Caputo, ministro de Economía, anunció la remoción del capítulo fiscal. Esto implicó renunciar a elementos fundamentales del plan económico gubernamental. El Gobierno había propuesto eliminar la fórmula vigente de movilidad de jubilaciones y ofrecer aumentos por decreto, pero la resistencia opositora impidió el acuerdo.
Asimismo, el capítulo fiscal descartó retenciones propuestas para distintas industrias y la iniciativa de incrementar los impuestos a algunos subproductos de la soja. La propuesta de blanqueo de capitales y la moratoria también se descartaron junto con otros temas fiscales que hubieran impactado en los ingresos provinciales.
Retroceso en privatizaciones y deuda
El plan original de privatizar 40 empresas, incluyendo YPF, enfrentó una marcha atrás que resultó en el ajuste del número a 27 entidades y la consideración de esquemas mixtos para empresas estatales significativas, informó el diario Clarín de Argentina.
Una comisión bicameral de seguimiento se establecerá para el proceso, aunque sus resoluciones no serán vinculantes. La consolidación de la deuda del sector público se eliminó de igual manera, preservando la posibilidad de venta de instrumentos para obtener divisas.
Reforma electoral y seguridad sin consenso
La ambiciosa reforma electoral que Milei sugería no progresó y fue pospuesta para debatirse en el período ordinario. Un artículo que requeriría autorización para manifestaciones también se suprimió.
Finalmente, se descartaron modificaciones que incidían en la Ley de Pesca y la Ley de Quema. Además, se añadió un artículo que asegura recursos para el Fondo de Bosques, demostrando cierto compromiso ambiental tras las negociaciones.
La reestructuración del proyecto de Ley Ómnibus refleja la dinámica de concesiones a la que se enfrenta el presidente Milei, en un contexto de búsqueda de consenso y gobernabilidad en el escenario político argentino.