La Comisión para la identificación de las víctimas de la Unión Patriótica destinará los fondos en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), y estas 77 personas son las primeras de las cientos de solicitudes presentadas por víctimas del genocidio contra los miembros de este partido político.
En concreto, desde el último semestre de 2023, cuando la entidad quedó como la designada para el control de los fondos, la Comisión ha recibido 1.706 solicitudes de familiares.
La UP nació en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente Belisario Betancur con las FARC, pero en los años siguientes la formación fue víctima de un genocidio por el que en marzo de 2020 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la acreditó como víctima de crímenes de agentes del Estado.
Al menos 5.733 miembros de este partido colombiano de izquierdas fueron asesinados o desaparecidos, entre ellos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990), según la JEP.
La Comisión fue instalada por el presidente Gustavo Petro en octubre de 2023 y comenzó su gestión el 16 de abril para verificar la identidad y parentesco de las víctimas para proceder a la reparación económica.
Para el pago de las indemnizaciones, el Gobierno se comprometió a indemnizar a 676 víctimas directas, a 761 familiares de víctimas y a 5.461 que todavía no aportaron pruebas suficientes a la Corte que permitieran corroborar sus nombres completos y documentos de identidad.