“Es la generación fundacional de la patria nueva (...) y ha sido la generación más golpeada por las sanciones criminales y las agresiones imperialistas”, indicó el presidente Nicolás Maduro en una llamada telefónica durante una reunión de personas de la tercera edad en el marco de la llamada ´Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria´, transmitido por el canal estatal VTV.
Maduro dijo estar pendiente de las críticas, propuestas y exigencias que hagan las personas de la tercera edad que se reunirán hoy y el domingo, para "asumirlas, incorporarlas y ponerlas a andar con fuerza".
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El pasado 7 de mayo, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -de mayoría chavista- aprobó una ley, propuesta por el Ejecutivo, para “proteger” las pensiones frente a los efectos negativos de las “medidas coercitivas unilaterales” impuestas por Estados Unidos.
“Esta era una iniciativa de ley curativa, es una iniciativa de ley para atender a los que fueron más golpeados y agredidos por la acción depredadora, brutal, canalla, criminal del imperialismo norteamericano, al imponer sanciones ilegales en contra de todo el pueblo de Venezuela”, señaló el presidente de la AN, el chavista Jorge Rodríguez, citado en una nota de prensa.
Rodríguez sostuvo que se le dio atención inmediata a este proyecto de ley, propuesto por Maduro, para que el sector privado, "que ha sido atendido también en este proceso de recuperación, asumiera responsabilidades para la mejoría del monto de las pensiones de las abuelas y los abuelos".
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Según el Gobierno, Venezuela cerró el primer cuatrimestre del año con pérdidas parciales superiores a los 2.000 millones de dólares en sus ingresos como consecuencia de las sanciones estadounidenses.
Desde marzo de 2022, la pensión, así como el salario mínimo, se mantiene en 130 bolívares al mes, que en ese entonces, al cambio oficial, eran unos 30 dólares, y hoy 3,5 dólares, lo que significa que se ha reducido un 88% en su equivalente en la divisa estadounidense, usada como referencia para fijar precios en Venezuela.
En el país, adultos mayores se han visto obligados a volver a trabajar y tomar la opción de la reinserción laboral como una necesidad para poder subsanar su “incapacidad para alimentarse” o comprar medicinas, en medio de la crisis que aún vive la nación, según la ONG Convite.