Esta será tan solo la segunda ocasión en que un jefe del Ejecutivo español en activo declare ante un magistrado, luego de que lo hiciera en 2017 el conservador Mariano Rajoy, en un juicio por la financiación irregular de su Partido Popular (PP).
Sánchez ha mantenido la inocencia de su esposa y ha enmarcado el asunto dentro de una campaña de la derecha y la extrema derecha para erosionar a su Gobierno. Pero el caso ha emponzoñado la política española en la últimas semanas, con el PP, la principal formación opositora, pidiendo insistentemente la dimisión del mandatario socialista.
Gómez es investigada por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias por el juez Juan Carlos Peinado, quien abrió el dossier ante una denuncia de un colectivo cercano a la extrema derecha, Manos Limpias.
Gómez, especialista en captar fondos para fundaciones y oenegés, se acogió a su derecho a no declarar cuando acudió al tribunal el 19 de julio.
Licenciada en marketing y con un máster en gestión, Gómez es sospechosa de haber aprovechado el cargo de su marido en sus relaciones profesionales, en particular con Juan Carlos Barrabés, un empresario español que obtuvo ayudas públicas y que también es investigado.
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Barrabés -que da clases en un máster de la Universidad Complutense de Madrid dirigido por Gómez- admitió ante el juez haberse reunido con la esposa del presidente del Gobierno, cinco o seis veces en la Moncloa, dos de ellas en presencia de Sánchez. Pero afirmó que esos encuentros se limitaron a tratar temas de innovación, según fuentes cercanas al caso.
El juez en la Moncloa
Peinado, un magistrado de 69 años que en el pasado instruyó otros polémicos casos, tiene previsto desplazarse al palacio de la Moncloa, la sede del Gobierno, para tomar declaración a Sánchez como testigo.
La sesión podría no durar mucho si Sánchez declina responder, algo que la ley le permite, ya que en España ninguna persona está obligada a declarar en contra de su cónyuge.
Pero si decide mantener silencio, “políticamente puede quedar mal” , advierte Bernardo del Rosal, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Alicante.
Sánchez pidió explicarse por escrito, alegando que la ley se lo permite por su cargo, pero el juez lo rechazó y mantuvo la citación en persona.