Uno de los proyectos, del diputado Damián Arabia, establece quitarle todos los “beneficios otorgados en reconocimiento a los cargos y/o funciones” a “aquellos que durante o con posterioridad al ejercicio desempeñado de presidente de la Nación o vicepresidente de la Nación, sean sujeto de procesamiento judicial penal”.
“Presenté un proyecto de ley para que a partir de ahora se les remueva la pensión vitalicia a Presidentes y Vicepresidentes condenados penalmente. Y también para que se le suspenda provisoriamente en caso de procesamiento penal. No es jubilación, es un privilegio”, afirmó Arabia en la red social X.
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El otro proyecto, de la diputada Silvana Giudici y avalado con la firma de una docena de legisladores del Pro, también establece quitar la pensión vitalicia especial a los presidentes en “caso de ser condenados por delitos cometidos mientras se encontrase en ejercicio de su función pública”.
“Presentamos desde el bloque Pro un proyecto para quitarle la pensión de privilegio a Fernández. No debe sostenerse con los impuestos de los argentinos un inhábil moral y violento como ese señor”, afirmó Giudici en su cuenta en X.
El proyecto también le inhabilita "para el desempeño de cargos públicos, representación al país en cualquier ámbito, perdiendo privilegio, reconocimiento u honor que le haya sido otorgado en razón de la función pública ejercida".
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Asimismo, establece el cese de la custodia en caso de condena.
“No podemos permitir que una persona acusada de delitos aberrantes y violencia de género siga gozando de los privilegios a los que accedió en su condición de expresidente”, añadió Giudci.
Fabiola Yáñez, de 43 años, decidió impulsar el 6 de agosto una denuncia contra el expresidente después de que la Justicia argentina, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias del exmandatario, hallara en un teléfono móvil de una secretaria de Fernández conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de “lesiones leves en contexto de violencia de género” a la expareja del político peronista.
Tras la denuncia, el juez federal Julián Ercolini prohibió a Fernández salir de Argentina y le ordenó no acercarse ni contactar por ninguna vía con Yáñez, quien manifestó estar padeciendo “terrorismo psicológico” por parte de Fernández.