Pedro Castillo, expresidente de Perú, había apelado una resolución que rechazó revisar de oficio el mandato de prisión preventiva que se le impuso en 2022, mientras es juzgado por rebelión, informó el Poder Judicial en su cuenta de la red social X.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por César San Martín, argumentó en su resolución que “el riesgo de alejarse de la justicia permanece latente; además de un pedido de pena elevadísima y la procedencia del juicio oral dictado por el juez de la investigación”.
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Fiscalía pide 34 años de cárcel para el exmandatario
Por este caso, la Fiscalía ha pedido 34 años de cárcel para Castillo, así como su inhabilitación para ejercer cargo público por tres años y medio al acusarlo de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, en agravio del Estado y la sociedad.
La sala suprema también señaló que no han surgido nuevos medios de investigación que cambien la situación jurídica de Castillo, siendo así que, en vía de revisión de oficio, no procede revocar la prisión preventiva, en tanto el recurso de apelación defensivo “no puede prosperar”.
Respecto al peligro de fuga, después del anuncio golpista del 7 de diciembre de 2022 y su intento de llegar a la Embajada de México en Lima, los jueces indicaron que constan declaraciones ya valoradas con anterioridad y las propias declaraciones públicas del entonces mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre una petición de asilo político.
En esas declaraciones, López Obrador manifestó que “Castillo se comunicó con él con ese propósito y que, por ello, se comunicó con el embajador para que se le facilite el ingreso al local de la embajada”, recordó la sala en su resolución.
La esposa de Castillo y sus dos hijos menores viajaron a México asilados por el entonces mandatario y permanecen en esa nación, tras la detención y procesamiento del expresidente peruano (2021-2022) en Lima.