La Justicia consideró que estaban en juego “el derecho a la protesta” y “la libertad de expresión”.
El intento del Gobierno de Javier Milei de aplicar el protocolo antipiquetes provocó una de las mayores represiones policiales desde su asunción en diciembre de 2023, con un saldo de al menos 46 heridos y una persona en estado grave, según fuentes oficiales.
La jueza Karina Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la “inmediata soltura” de los detenidos por su participación en la movilización en defensa de los derechos de los jubilados.
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“Se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, aseguró en su fallo.
La protesta
La protesta fue en apoyo a la actualización de pensiones, la restitución de la cobertura de medicamentos y la continuidad de la moratoria previsional, que vence en marzo y permitía acceder a una pensión a quienes no contaban con suficientes años de aportes.
“Nuestra Constitución reconoce el derecho a la protesta, el cual incluye el derecho a manifestarse, a circular libremente, a peticionar y a criticar a las autoridades. En democracia, toda persona debe poder expresarse, peticionar ante las autoridades, asociarse, reunirse y manifestar su parecer y, sobre todo, su disconformidad con las decisiones gubernamentales”, resaltó Andrade.
La jueza remarcó que los adultos mayores son parte de los “sectores más vulnerables de nuestra Nación” y que están “protegidos convencionalmente”.
Según Andrade, la información sobre las detenciones “se volvía imprecisa y dificultosa”, las fuerzas de seguridad dejaron de brindar detalles sobre las detenciones, como la hora y lugar donde ocurrieron y tampoco informaban qué delitos específicos habían cometido los detenidos o el sitio donde serían alojados.
“La complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia”, justificó la magistrada, tras emitir la orden de pronta liberación de los detenidos.
Pedido de informe
En tanto, la jueza porteña Susana Parada, también intervino en el caso para solicitar a los jefes de la Policía Federal Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires un informe que identifique y contabilice el número de personas detenidas, junto con las autoridades policiales intervinentes, después de un ‘Habeas Corpus’ presentado por dirigentes políticos de izquierda.
Los jubilados, que cada miércoles protestan a las puertas del Congreso, ayer tuvieron el acompañamiento de hinchadas de fútbol, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales y autoconvocados.