También vetó la restauración por dos años de una moratoria que caducó en marzo pasado para permitir la jubilación a quienes no puedan acreditar los 30 años de aportes requeridos en un país con más del 40% de trabajo informal.
El Congreso puede ahora insistir con las leyes, pero debe reunir dos tercios de los votos en ambas Cámaras.
Es la segunda vez que Javier Milei veta un aumento para jubilados, la anterior fue en agosto de 2024.
Lea más: Damnificados por $LIBRA acusan a Milei de hacer promoción "engañosa" de la criptomoneda
Según estudios privados, los jubilados son el sector más afectado por la política de ajuste del gobierno, con haberes que representan un tercio de la canasta básica del adulto mayor.
Haber mínimo para jubilados
Más del 70% de los jubilados percibe un haber mínimo equivalente a unos 275 dólares mensuales que los sitúa por debajo de la línea de pobreza.
El gobierno sostuvo que se trataba de leyes “irresponsables” porque “no determinan el origen de los fondos atentando contra el equilibro fiscal”.
Los vetos ocurren una semana después de un decreto presidencial que rebajó impuestos a las exportaciones de granos y carnes.
El presidente ya había vetado un aumento de fondos para las universidades, que mantienen sus ingresos atados al presupuesto de 2023 pese a la inflación de 211% ese año y de 117,8% en 2024.
Lea más: Milei anuncia baja de impuestos a exportaciones agropecuarias y veto a leyes opositoras
El veto presidencial obstruye un aumento del 7,2% en las jubilaciones y un alza de 40.000 pesos (unos 30 dólares) de un bono mensual.
También vetó la ley que declaraba la emergencia en la atención a personas con discapacidad para regularizar pagos atrasados de las prestaciones de salud y garantizarlos hasta diciembre de 2027.
Esta ley restablecía además el cupo laboral en el Estado para discapacitados, eliminado por la administración de Javier Milei.
Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley de emergencia en Discapacidad tenía un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PIB.
El gobierno sostuvo en un comunicado que las leyes vetadas implicaban “un gasto adicional este año de más de 7 billones de pesos (USD 5 millones) y cerca de 17 billones de pesos (USD 12 millones) para 2026”.
La política de ajuste a las jubilaciones, a las universidades y a la atención de personas con discapacidad movilizaron marchas multitudinarias y protestas callejeras que fueron reprimidas por la policía, con saldo de heridos graves y numerosas detenciones.