El jefe de Gabinete aseguró en entrevista con Radio Mitre que el presidente Javier Milei “está tranquilo, sereno, con convicción y sabiendo que estamos pasando por un momento preelectoral” y aseguró que “no se lo puede frenar con estas cosas”.
Francos remarcó que el Ejecutivo no teme a la investigación judicial y confía en que el proceso se desarrolle con seriedad: “La pelota está en la cancha de la Justicia. Nosotros creemos que no hay hechos que probar, pero si existieran responsabilidades deberán ser procesados y sentenciados”.
El escándalo se desató el miércoles pasado cuando medios locales publicaron grabaciones en las que se escucha supuestamente al entonces titular de la Andis, Diego Spagnuolo, detallar un esquema de recaudación de sobornos.
En las grabaciones se escucha a quien sería Spagnuolo dar cuenta de la existencia de una red de recaudación ilegal de dinero con conocimiento del presidente argentino.
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La voz afirma haberle advertido a Milei de estos hechos, en los que involucra presuntamente a la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor presidencial, Eduardo “Lule” Menem, familiar del fallecido expresidente Carlos Menem (1989-1999).
Francos vinculó la difusión de los audios atribuidos a Spagnuolo con el debate parlamentario sobre la emergencia en discapacidad, una ley que obligaba al Ejecutivo a aumentar los fondos de la asistencia que fue vetada por Milei y cuyo veto fue revertido el pasado 20 de agosto por el Congreso.
“Casualmente, aparece el escándalo de estas grabaciones, que todavía no tenemos claro qué son, en un momento en que se estaba debatiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia de discapacidad”, afirmó el jefe de ministros.
La difusión de los audios motivó una denuncia penal por corrupción contra Javier y Karina Milei, Spagnuolo y Menem, entre otros, que fue radicada por el abogado Gregorio Dalbón, que representa a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en distintas causas.
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La denuncia también alcanza a Eduardo Kovalivker, dueño de Suizo Argentina, una empresa comercializadora de medicamentos que, según la denuncia, actuaba como canal para el desvío de fondos públicos mediante sobreprecios y porcentajes exigidos a los proveedores.
Ante la Justicia, Dalbón señaló la existencia de “un esquema de cobro y pago de coimas (sobornos) relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública”.
La justicia argentina ordenó este viernes la prohibición de salida del país para el exdirector de Andis, Diego Spagnuolo, y otros cuatro imputados en la causa.