Samuel Ramírez, coordinador de Movir, dijo a periodistas que Caballero "no ha hecho absolutamente nada por defender los derechos de las víctimas del régimen" y que "ha sido tapadera del régimen de excepción".
"No ha dicho nada de los muertos en las cárceles, de los asesinados en las cárceles" y "queremos saber si la procuradora va a hablar de casi la mitad de personas capturadas (en el régimen) que no han sido condenados porque no encuentran delito", apuntó el coordinador del movimiento.
Ramírez junto a un grupo de personas se concentraron este miércoles en una zona cercana a la capital salvadoreña donde se desarrolla un foro global sobre derechos humanos organizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que preside Caballero, cuyo mandato está a punto de concluir y busca ser reelecta por la Asamblea Legislativa.
Ramírez lamentó que "hoy capturan a la gente y después la investigan, a todo el mundo le aplican el régimen" y recordó el caso de varios activistas y críticos del Gobierno detenidos en los últimos meses.
Se trata del líder comunitario y pastor evangélico José Ángel Pérez, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, la abogada anticorrupción Ruth López, y el abogado constitucionalista y crítico del Gobierno de Nayib Bukele, Enrique Anaya.
El régimen de excepción, que suma 42 ampliaciones de 30 días desde marzo de 2021, ha dejado más de 88.000 capturas y se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Esta medida se ha convertido en la única y principal apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional, y que mantiene alta aprobación entre los salvadoreños.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 400 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.