En un auto fechado el 4 de noviembrejgb el magistrado rechaza el sobreseimiento que solicitaron las defensas y la Fiscalía y continúa la causa contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Peinado imputa además a González por un posible delito de malversación de caudales públicos en relación con el desempeño del puesto de Cristina Álvarez, citándola para el próximo 12 de noviembre.
La mujer de Pedro Sánchez está siendo investigada por un presunto delito de malversación en el nombramiento en 2018 de Álvarez y también por supuestamente haber intercedido para la adjudicación de contratos públicos a Barrabés.
Peinado indaga si Gómez influyó a favor de las empresas de Barrabés para que consiguiera contratos públicos y también el papel de Gómez en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, incluido su posible involucramiento en que a la empresa de Barrabés se le concediera el desarrollo de un 'software'.
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El magistrado estima que "el origen de los hechos delictivos" son las acciones de Gómez derivadas "de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno".
En su opinión, sin el vínculo de Gómez con el presidente, "difícilmente podría ella y los otros dos investigados poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido ya consideradas, indiciariamente," como delitos.
Este caso, así como el procesamiento en otro caso del hermano del presidente de Gobierno, David Sánchez, es objeto de críticas de la oposición conservadora, mientras el Partido Socialista, formación que lidera Sánchez, y otros partidos de izquierda acusan a los jueces de hacer política, idea que también llegó a expresar el propio jefe del Ejecutivo. EFEjgb