“Todo el sector productivo condenamos cualquier intento de violencia o de invasión. Realmente estamos muy preocupados, alertamos de esta situación”, dijo en una conferencia de prensa el presidente de la ARP, Daniel Duarte, quien estuvo acompañado de otros líderes del sector.
El dirigente, quien precisó que no han presentado una denuncia formal ante la Fiscalía, indicó que amenazas de supuestas invasiones “resurgieron en el norte del país”, donde aseguró se han observado “movimientos muy preocupantes” de personas que no identificó.
“Estos hechos nos preocupan. Condenamos desde todo punto de vista cualquier intento de invasión u ocupación”, enfatizó Duarte, quien subrayó que “no es negociable el respeto a la propiedad privada”.
Duarte afirmó que respetan “cualquier reivindicación social”, pero defendió que para acceder a la tierra existen “los protocolos, las leyes vigentes y los canales correspondientes”.
En concreto, el dirigente gremial se refirió a que en redes sociales “se está promocionando” una supuesta invasión para el 5 de diciembre próximo de la estancia Lucipar, en San Pedro, una propiedad administrada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico)“.
La organización campesina Coordinadora Sin Tierras del Norte anunció que se preparan “para la ocupación de la estancia Lucipar”, un predio ubicado en el municipio de Tacuatí, que fue incautado por el Estado paraguayo en 2019 en el marco de una investigación por lavado de dinero al presunto narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias ‘Cabeza Branca’, quien cumple una condena en Brasil.
Esta organización campesina demandó, en una publicación en la red social Facebook, que la “Senabico transfiera las tierras incautadas del crimen organizado” al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para acceder a los terrenos a través de la reforma agraria.
La estancia en mención, de 11.600 hectáreas, era propiedad de la Sociedad ‘Lusipar Agropecuaria Industrial y Comercial del Paraguay’ cuando fue intervenida.