La imputación fiscal, que se conoció públicamente esta tarde, establece que existen suficientes elementos de “probabilidad de autoría” en los cargos que se le atribuyen e incluso que Arce (2020-2025) “tenía pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta”, por lo que se exige “la medida cautelar extrema de la detención preventiva”.
El documento también establece que existen “riesgos procesales y peligro de fuga” del exmandatario, por lo que se pide que su detención, en caso de ser confirmada por un juez cautelar, se realice en el Centro de Reinserción Qhalauma, para menores de edad, situado en el municipio de Viacha, aledaño a La Paz.
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Una fuente de la Fiscalía consultada por EFE indicó que la petición de que Arce sea derivado a una penitenciaría de menores y no a una cárcel de adultos se debe a la necesidad de “resguardar” su integridad.
Arce fue aprehendido pasado el mediodía del miércoles en La Paz y luego trasladado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), investigado como “principal responsable” del “millonario daño económico” que hubo en el Fondo de Desarrollo Indígena, según indicó el Gobierno boliviano.
En la mañana, el fiscal del caso, Miguel Cardozo, dijo a los medios que el exmandatario, quien en la víspera se acogió a su derecho al silencio durante la toma de su declaración, será imputado por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”
Arce permanece en la Felcc a la espera de que un juez fije la hora de su audiencia cautelar y acepte o modifique el pedido de la Fiscalía.
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El Ministerio Público indicó el miércoles que la investigación contra Arce se enmarca en hechos que ocurrieron cuando fue ministro de Economía y no presidente, por lo que en este caso no le corresponde un juicio de responsabilidades, sino un proceso penal.
La imputación de la Fiscalía también dispuso la toma de declaraciones de varios dirigentes de organizaciones sociales, exministros y altos funcionarios de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), algunos de los cuales ya fueron investigados por otras denuncias de presunta corrupción en este fondo indígena.
El Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) se creó en diciembre de 2005, un mes antes de que Evo Morales asumiera la Presidencia del país por primera vez, para gestionar y recibir recursos para proyectos de desarrollo en comunidades indígenas.
Diversos casos de corrupción en el manejo del Fondioc se conocieron en 2013, pero en su momento el único procesado fue el director de esa instancia, Marco Antonio Aramayo, pese a que fue él quien denunció los presuntos malos manejos.
Aramayo murió en 2022 por una enfermedad y después de estar siete años en detención preventiva por ese caso.
En 2015, el Fondioc fue sustituido por el Fondo de Desarrollo Indígena.