En el escrito, presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público explica que la pena se divide en diez años de prisión por el delito de violación y cuatro años por el delito de abuso sexual.
Monsalve, de 60 años, estuvo en prisión preventiva entre noviembre de 2024 y mayo de este año, cuando pasó a cumplir arresto domiciliario total.
Médico de profesión y miembro destacado del Partido Socialista hasta que fue expulsado cuando estalló el caso, era el encargado de gestionar el combate contra el crimen organizado y se perfilaba como uno de los rostros con mayor proyección del Gobierno progresista de Gabriel Boric.
El llamado ‘Caso Monsalve’ estalló en octubre del año pasado cuando la prensa local publicó que una de las asesoras del exsubsecretario le denunció por supuesta violación en la habitación de un hotel.
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Según la investigación, ambos cenaron el 22 de septiembre de 2024 en un restaurante de Santiago e ingirieron grandes cantidades de alcohol y después se fueron juntos a un hotel.
Monsalve, de acuerdo al escrito de la Fiscalía, habría violado a la mujer "valiéndose de que se encontraba privada de sentido e incapacitada para oponerse, producto de la alta ingesta de alcohol".
A la mañana siguiente, el 23 de septiembre, el exsubsecretario cometió un presunto delito de abuso sexual al realizar, según la acusación, "actos de significación y relevancia sexual en contra de la víctima, sin mediar consentimiento alguno de su parte".
"La víctima se encontraba incapacitada para oponerse producto del estado de estupefacción en que se encontraba", explicó la Fiscalía.
La investigación se extendió durante un año y dos meses e incluyó la declaración de 89 testigos, incluido el presidente chileno, Gabriel Boric.
La defensa de Monsalve pidió esta semana la reapertura del caso, una solicitud que se definirá el próximo enero.
El ‘Caso Monsalve’ ha sido uno de los golpes más duros que ha enfrentado el Gobierno de Boric en sus casi cuatro años de mandato y puso en la mira a varios miembros destacados del Ejecutivo, incluido el propio gobernante, por haberse demorado dos días en cesar al exsubsecretario y por la gestión de un asunto tan extremadamente sensible para la izquierda como es el de la violencia machista.