El Ministerio Público ha dictado un decreto, conocido este viernes, en el que concluye que no se dan los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia que presentaron dos ex empleadas contra Julio Iglesias por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.
Porque, según explica la Fiscalía, la Ley Orgánica del Poder Judicial española exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una “conexión material con España”, por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.
Sin embargo, en este caso, precisa el decreto, las víctimas son extranjeras, no residen en España, “los hechos se atribuyen a países plenamente competentes”, y los denunciados -Julio Iglesias y otras dos personas- no residen en España y además tienen nacionalidades distintas (español, colombiana y brasileña).
La Fiscalía considera que el criterio decisivo “es la existencia de vínculo relevante con España, que en este caso no existe”, porque los hechos no discurren en territorio español, ni las denunciantes o los denunciados se encuentran en España.
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Además, apunta a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide que España desplace la jurisdicción del Estado “primariamente competente”, salvo que quede acreditada la “imposibilidad real o falta de voluntad de investigar”, algo que en este caso no se da porque “en ningún momento se han denunciado los mismos en los países territorialmente competentes”.
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Los hechos denunciados afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.
Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, y días después, el 16, la Fiscalía otorgó la condición de testigos protegidos a las denunciantes, representadas por la organización Women’s Link Worldwide.
La apertura de esta causa se conoció el mismo día que una investigación periodística de eldiario.es. (España) y Univisión Noticias (EEUU) recogían relatos de ambas denunciantes sobre presuntas agresiones sexuales, lesiones y vejaciones por parte del cantante en 2021, cuando este tenía 77 años.
Una de las empleadas, que ubicó aquellos hechos en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas, aseguró que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.
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Estas acusaciones han sido negadas por Iglesias, que publicó un comunicado en su perfil de Instagram asegurando que nunca “ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”.
Además, el cantante español, muy popular en toda Latinoamérica, intentó personarse en esta investigación, para tener acceso directo al contenido de la denuncia, pero la Fiscalía rechazó su petición.
Julio Iglesias, que había dicho que esta denuncia le había producido un “grave daño reputacional”, publicó más tarde en su perfil de Instagram varios mensajes que supuestamente había recibido desde WhatsApp de las trabajadoras que le han denunciado por agresión sexual, con los que parece querer demostrar su inocencia.