La medida, que beneficiará a más de 500.000 personas, puede significar un “impacto operativo y funcional” para las unidades de Extranjería y Fronteras, según las organizaciones profesionales SUP, Jupol y CEP.
Jupol dijo que esta decisión, “más allá del debate político”, tendrá consecuencias “directas e inmediatas” sobre el trabajo de miles de agentes.
Trámites como autorizaciones de residencia, revisión de situaciones administrativas o verificación de requisitos legales recaerán en unas oficinas policiales que “ya se encuentran saturadas”.
La Confederación Nacional de Policía (CEP) destaca que este acuerdo político, entre los socialistas en el poder y el partido izquierdista Podemos, rompe “dos décadas de consenso sobre regularización de inmigrantes” y convierte a España en “un país que va en otra dirección frente al criterio” de la Unión Europea.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) cree que este anuncio del Gobierno es una “absoluta irresponsabilidad”, ya que no ha explicado cómo va a “garantizarse la seguridad” o con qué “medios reales” se pretende llevar a cabo la medida.
“No tener antecedentes penales (para la regularización) no significa no tener antecedentes policiales”, alerta también este sindicato. Y muchos de los extranjeros que verán su situación regularizada están vinculados a hechos delictivos, asegura SUP: “Una temeridad para la seguridad ciudadana”, deduce.
Asimismo, estos sindicatos advierten de un “efecto llamada directo e inmediato” que manda un mensaje claro: “Entrar de manera irregular (en España) acaba teniendo premio”. Además, tachan la medida de “balón de oxígeno” para las mafias dedicadas al tráfico de personas.
Jupol coincide en que una persona que haya sido detenida recientemente por hechos graves puede no tener antecedentes “debido a los plazos judiciales” e insisten en que esto “obliga a extremar las comprobaciones”.
En esta línea, advierte de que la iniciativa del Gobierno podría tener impacto en el trabajo policial y causar un aumento de las gestiones en calabozos y documentales, donde el fraude de identidad es un “fenómeno habitual”, que exige un análisis especializado, según un comunicado.
Este sindicato policial pide un “endurecimiento de la política de asilo”, puesto que la actual es una “regularización encubierta que permite la entrada irregular de miles de migrantes”.
“La solidaridad y el respeto a los derechos humanos” son compatibles, argumenta, con “la lucha firme contra las redes criminales que trafican con personas”.