La policía registró las instalaciones de la Comisión Europea en Bruselas en el marco de una investigación sobre una operación inmobiliaria realizada en 2024 con el Estado belga, informó una fuente cercana a la investigación.
La Comisión Europea confirmó que es objeto de investigaciones sobre la venta de 23 de sus edificios al Estado belga en 2024, y dijo tener confianza en que “el proceso se realizó con respeto a las reglas”, según un portavoz.
“La Comisión cooperará plenamente con la EPPO (sigla en inglés de la fiscalía europea, ndr) y las autoridades belgas competentes (...), suministrando todas las informaciones y la asistencia necesarias para una investigación profunda e independiente”, agregó ese portavoz del Ejecutivo europeo.
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“Recolección de pruebas”
Las búsquedas se llevaron a cabo ayer por la policía, según la fuente cercana al expediente, lo que confirma una información del Financial Times.
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De su lado, la fiscalía europea simplemente mencionó “la recolección de indicios de pruebas” en el marco de una investigación en curso, en un comunicado.
Teniendo en cuenta el avance del teletrabajo desde la pandemia de Covid-19, la Comisión Europea anunció en 2024 su intención de desprenderse de aquí a 2030 del 25% de su superficie de oficinas.
Acuerdo con el Estado belga
Un acuerdo fue alcanzado para vender al Estado belga 23 edificios destinados a convertirse en viviendas, empresas o comercios.
Este proyecto responde también al deseo de las autoridades belgas de transformar el barrio europeo de Bruselas.
El monto de la venta fue calculado en aquella época en 900 millones de euros.
El 29 de abril de 2024, la Comisión y el Estado belga anunciaron conjuntamente “el cierre de un acuerdo” en virtud del cual la Société fédérale de participations et d’investissements (SFPIM, brazo financiero del Estado federal) se convertiría en propietaria de esos edificios antes de cederlos a promotores.
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Fiscalía europea
Oficialmente creada en 2021, la fiscalía europea es un órgano independiente de la UE encargado de luchar contra el fraude a los fondos de la Unión y cualquier otra infracción que atente contra sus intereses financieros (corrupción, blanqueo de capitales, fraude transfronterizo al impuesto de TVA).
Esta instancia supranacional está encargada de investigar, procesar y llevar a la justicia a los autores de tales infracciones.