En una trama que monopoliza la atención de los medios locales, lo que comenzó con la liquidación por insolvencia del banco Máster, del empresario Daniel Vorcaro, ha derivado en una investigación que revela conexiones sospechosas con la política y la justicia.
El máximo tribunal anunció la decisión de relevar al frente del caso al magistrado José Antônio Dias Toffoli , luego de que revelaciones en la prensa sobre lazos entre el juez y el entorno de Vorcaro causaran desgaste en la corte. El caso fue encargado al juez André Mendonça.
A la salida de la reunión, Dias Toffoli rechazó tensiones con sus colegas de toga y dijo que la decisión fue “unánime”.
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Reacomodo del caso
El reacomodo al frente del caso Master ocurre luego de que medios brasileños reportaran que un informe de la policía entregado a la corte suprema revela discusiones entre Vorcaro y su cuñado, también investigado, sobre pagos a una empresa de la que Dias Toffoli es socio por la compra de un resort.
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En una nota de su despacho, el juez admitió ser socio de la empresa, pero dijo estar a derecho y negó las acusaciones de pagos. “El juez aclara que jamás recibió ningún valor de Daniel Vorcaro o de su cuñado”, apunta el texto.
La corte suprema determinó que no cabía sospechas sobre el juez y reconoció la “plena validez” de su actuación al frente de las investigaciones.
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Los medios brasileños siguen desde hace semanas la pista de Vorcaro. Hasta el presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitió haberse reunido con el empresario en 2024.
Inicio de la caída
De vida ostentosa, este operador de los pasillos financieros de Sao Paulo ofrecía inversiones más rentables que sus competidores. Pero, en 2024, el Banco Central de Brasil detectó que Master carecía de fondos para cumplir sus obligaciones.
Vorcaro, de 42 años, fue detenido en noviembre de 2025, aunque es investigado ahora en libertad vigilada.
Más allá de las irregularidades bancarias, la investigación empezó a apuntar a posibles vínculos con el poder, a meses de las elecciones generales de octubre.
La opinión pública brasileña es sensible a escándalos de su clase dirigente después de la operación anticorrupción Lava Jato entre 2014 y 2021.