La defensa de Lucas Pertossi, uno de los ocho jóvenes condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina para solicitar la nulidad de la pena de 15 años de prisión que pesa sobre su defendido. El planteo fue impulsado por el abogado Ignacio Nolfi, quien argumentó que durante el proceso judicial no se garantizó plenamente el derecho a defensa.
En la presentación, el letrado sostiene que Pertossi atravesó una situación de “indefensión manifiesta” mientras estuvo representado por su anterior abogado, Hugo Tomei, al no contar con una estrategia legal diferenciada que contemplara su presunto rol específico en el ataque ocurrido en Villa Gesell en 2020.
Según el nuevo defensor, los tribunales debieron asegurarle una asistencia técnica autónoma, ya que compartir defensa con los acusados condenados a prisión perpetua habría impedido marcar diferencias en su grado de participación.
Además, se afirma que, por recomendación de su anterior representante legal, Pertossi no brindó una “versión fiel y completa” de lo sucedido, lo que —según la nueva defensa— habría limitado su derecho a declarar. También se cuestiona la valoración de las pruebas: el recurso señala que no se encontraron rastros de ADN ni sangre de la víctima en su ropa o en sus manos, ni se acreditó contacto físico con Báez Sosa antes, durante o después del ataque.
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Intervención secundaria y periférica
La estrategia actual plantea que su intervención fue “secundaria y periférica”, limitada a filmar lo ocurrido y a protagonizar un altercado menor con una persona ajena a la víctima. Incluso, asegura que registros audiovisuales lo ubicarían fuera del lugar antes de que finalizara la agresión, lo que —según esta postura— implicaría una “desvinculación temporal y espacial” respecto del hecho.
En esa línea, el recurso enumera siete fundamentos técnicos para pedir la nulidad del fallo: un supuesto defecto grave de razonamiento en la construcción del dolo; la elaboración de una versión de los hechos divergente de las pruebas; incoherencias lógicas en la sentencia; irregularidades en las etapas iniciales del proceso; afectación de los principios de imparcialidad y congruencia; imprecisión en la determinación de la conducta atribuida; y discrepancias entre la acusación y la condena.
Con este planteo, la defensa busca que la Corte Suprema revise la sentencia y ordene la realización de un nuevo juicio, al considerar que Pertossi no contó con una defensa adecuada y que su grado de intervención en el crimen no fue equivalente al del resto de los condenados.