Santiago Peña firmó la asociación un día después de que la Cámara de Diputados diera la sanción definitiva al acuerdo, que el oficialismo defiende como una “obligación estratégica” para enfrentar al crimen organizado y la oposición rechaza por las inmunidades que concede a las fuerzas extranjeras.
En un breve comunicado, la Presidencia paraguaya destacó que la herramienta “establece el marco jurídico para facilitar la cooperación y el entrenamiento conjunto en materia de seguridad y defensa” entre EE.UU. y Paraguay.
El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, afirmó a inicios de mes, durante una reunión con las comisiones parlamentarias de Exteriores y Asuntos Constitucionales, que el acuerdo “no autoriza bases militares permanentes, no elimina responsabilidades y no vulnera la soberanía nacional”.
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Inmunidad y exenciones para militares y contratistas
El documento, refrendado el pasado 15 de diciembre en Washington, concede a los militares y contratistas estadounidenses que se instalen en Paraguay una inmunidad y exenciones similares a las que establece la Convención de Viena de 1961, que regula las relaciones diplomáticas entre Estados.
Esto último ha generado el rechazo de la oposición, que alerta de una posible pérdida de soberanía del país suramericano.
“La soberanía no se pierde de golpe, se erosiona lentamente cada vez que un país acepta excepciones a su propia ley”, dijo el martes el diputado opositor Raúl Benítez, si bien reconoció la necesidad de la cooperación internacional pero “sobre la base del respeto mutuo”.
En el ámbito regional, EE.UU. firmó también en 2023 un acuerdo SOFA con Ecuador así como con una cincuentena de naciones del mundo, hace una semana el titular de Exteriores paraguayo.