La OEA desmintió "los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor", en respuesta al anuncio de la disidencia guerrillera, que también extendió su veto a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
"Durante 22 años, la MAPP/OEA ha trabajado de la mano con comunidades, víctimas y población vulnerable en los territorios más afectados por la violencia y el conflicto armado, desarrollando su mandato sin restricciones gracias a la confianza depositada por todos los actores sociales en su función institucional", subrayó ese organismo en un comunicado.
Según la MAPP/OEA, "las restricciones que se intentan imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos".
El EMC señaló el miércoles en un comunicado que la restricción a los tres organismos "obedece a graves violaciones de confianza y neutralidad" y añadió que "acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información" de su ubicación, "facilitando operaciones militares" en su contra.
"En apego a su mandato y principios institucionales, la MAPP/OEA continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia", agregó esa Misión.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo lamentó la decisión del EMC porque "limita la labor para la defensa de los derechos de la población civil y agrava su situación de vulnerabilidad".
"Impedir o condicionar la presencia de organismos humanitarios imposibilita el monitoreo sobre riesgos para la población civil, deja a las comunidades sin el acompañamiento al que tienen derecho, limita el acceso a la atención humanitaria y coarta las labores para aliviar su sufrimiento", indicó la Defensoría en un comunicado.
Este organismo manifestó además su preocupación por "el intento por deslegitimar, obstaculizar o poner en riesgo la labor" de los funcionarios y colaboradores de la Defensoría, "quienes, incluso en contextos adversos, desarrollan un trabajo técnico, humano y riguroso orientado a velar por el ejercicio de los derechos humanos y el respeto de la dignidad humana".
El EMC, que es dirigido por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia y por quien el Gobierno ofrece una millonaria recompensa, también acusó a los organismos de filtrar "información sensible desde misiones humanitarias".
Al respecto, la Defensoría del Pueblo enfatizó que sus misiones son "imparciales, independientes y autónomas, orientadas a la construcción de paz con respeto de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la protección de la naturaleza".
"La Defensoría mantiene su compromiso indeclinable con la protección de la dignidad humana en medio del conflicto armado y continúa en plena disposición de seguir adelantando su labor humanitaria", señaló esa entidad.
El EMC agregó que "solo mantendrá misiones humanitarias con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en la medida en que esta institución garantice la neutralidad absoluta, el secreto y confidencialidad y se mantenga la coordinación previa para toda acción".