El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez y las organizaciones Basta de Demoler, Fundación Ciudad y Observatorio del Derecho a la Ciudad apelaron la decisión de Natalia Tanno, jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires, que el pasado 9 de marzo autorizó la demolición de partes del edificio con vistas a modernizarlo y ampliarlo.
Ubicado a pocas cuadras de la Plaza de Mayo y fundado por Ismael Pace y José Lectoure en 1931, el Luna Park fue escenario de actos políticos, artísticos, deportivos y sociales, como el velatorio de Carlos Gardel, en 1936, la fiesta de casamiento de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe, en 1989, y el paso de Juan Pablo II, durante su visita de 1987 a Argentina.
Hasta 1961 fue el estadio cubierto más grande Sudamérica, con capacidad para 23.500 personas.
En febrero de 2007, a través del decreto del entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007), el estadio fue declarado Monumento Histórico Nacional.
Aquel decreto lo iguala al Madison Square Garden del Nueva York y al Palacio de los Deportes de París, resalta que por sus "legendarias instalaciones" desfilaron artistas de la talla de Frank Sinatra o Luciano Pavarotti y que constituye un "hito urbano" de Buenos Aires.
El Luna Park fue propiedad de la familia Lectoure hasta 2013, cuando fue transferido a la firma Stadium Luna Park, integrada por el Arzobispado de la ciudad de Buenos Aires y la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco.
En 2025, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires aprobó un proyecto de intervención arquitectónica del edificio impulsado por la empresa Stadium Luna Park y gestionado por las firmas DF Entertainment y Live Nation, que tienen la concesión de explotación del estadio.
A finales del año pasado, Basta de Demoler, Fundación Ciudad y Observatorio del Derecho a la Ciudad presentaron a la Justicia una acción de amparo para frenar lo que, a su juicio, bajo el argumento de una "puesta en valor" y una "actualización tecnológica" del estadio, implicará una "demolición sistemática de los componentes estructurales protegidos del edificio, con el fin de erigir un nuevo estadio de mayor volumen y capacidad comercial".
Según los denunciantes, el proyecto supondrá la "desaparición física de la mayor parte del monumento histórico", mediante la demolición total de 11.613 metros cuadrados de interiores, incluyendo la remoción completa de las gradas de hormigón originales y la estructura del techo.
En su lugar, aseguran, se proyecta la construcción de "una nueva arena moderna insertada en el predio, que apenas conservaría fragmentos de la fachada perimetral como un gesto testimonial".