Los ministros del gabinete del primer ministro belga, Bart de Wever, dieron el visto bueno a un borrador de acuerdo entre los nacionalistas flamencos (N-VA), los liberales (MR) y los cristiano-demócratas (CD&V), según informaron medios locales.
En este acuerdo se establece que aquellas personas que sean condenadas a una pena de prisión inferior a dieciocho meses cumplirán sistemáticamente arresto domiciliario con un dispositivo electrónico, mientras que en penas de hasta diez años, los presos podrán ser puestos bajo arresto domiciliario durante los últimos dieciocho meses de su detención.
Por otro lado, el acuerdo también permitirá a la Oficina de Inmigración actuar con mayor rapidez en caso de deportaciones de presos de origen extranjero en situación irregular.
En concreto, se podrá tramitar la deportación hasta doce meses antes de que finalice la condena o tan pronto se haya cumplido un tercio de esta, en lugar de los seis meses actuales.
La ministra belga de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), estimó en unas 250 deportaciones a corto plazo.
Asimismo, el Gobierno tiene previsto aumentar la capacidad de los centros de detención y se están considerando cuatro nuevos emplazamientos para un total de 400 plazas adicionales.
Por su parte, la ministra de Justicia de la región flamenca, Zuhal Demir (N-VA), reaccionó a este acuerdo cuestionando que se puedan "lanzar miles de pulseras electrónicas al mercado de golpe".
Además, en Bélgica, las regiones son responsables de la organización y el seguimiento de los reclusos sometidos a vigilancia electrónica.
"Simplemente colocarlas no es suficiente. Es toda una operación. Hay que realizar un seguimiento y una monitorización. Todo esto no se consigue de la noche a la mañana. Lo haremos, pero de forma gradual y segura", advirtió Demir.
Según datos correspondientes a finales del mes de julio de 2025, Bélgica cuenta con 13.061 reclusos para 11.040 plazas.