Tras la mayoría absoluta lograda por su partido, Tisza, en las elecciones del pasado 12 de abril, Magyar prometió revertir lo antes posible algunas de las políticas de Orbán, marcadas por la confrontación con la Unión Europea (UE) y su cercanía con Rusia.
Estos son algunos de los desafíos más inmediatos:
El nuevo primer ministro ha prometido hacer todo lo posible para que Hungría reciba lo antes posible al menos parte de los 17.000 millones de fondos europeos congelados en los últimos años por la Comisión Europea, por las violaciones del Gobierno de Orbán de los principios del Estado de derecho, la deficiente lucha contra la corrupción o la no protección de los intereses financieros de la UE.
De hecho, desde las elecciones del pasado 12 de abril, Magyar ya ha negociado sobre el tema con líderes de la UE, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
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Respecto a las relaciones con la UE, muy deterioradas durante los Gobiernos de Orbán, la nueva ministra de Exteriores, Anita Orbán (sin relación con el ex primer ministro), ha afirmado que su tarea principal será la de normalizar estos lazos.
Orbán definió “iliberal” su modelo de Gobierno: un sistema con elecciones democráticas pero marcado por la centralización y la concentración de todo el poder, desde la justicia hasta la educación, los medios y la cultura, que rechaza la inmigración y pone al Estado por encima del individuo.
En los últimos años, las principales instituciones han sido copadas por gente de Orbán: el jefe del Estado, los miembros del Tribunal Supremo, el fiscal general, el presidente del Tribunal Constitucional, el jefe de la autoridad de medios, y los responsables de la Oficina de Auditoría del Estado y de la Autoridad de Competencia.
Magyar les ha dejado claro de que si planean bloquear su programa de reformas tienen dos opciones: o dimitir o esperar a que el Parlamento los destituya gracias a la mayoría de dos tercios de la que dispone Tisza. “Váyanse, no esperen a que los echemos. Porque los vamos a echar. Porque este sistema se ha acabado”, ha advertido el nuevo mandatario a los cargos que tilda de “títeres de Orbán”.
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Hungría ha sido considerado en los últimos cuatro años como el país más corrupto entre los Veintisiete por la ONG Transparencia Internacional.
Magyar ha indicado que otra de sus prioridades es la integración de Hungría en la Fiscalía Europea Anticorrupción y la creación de una oficina dedicada a recuperar el patrimonio “robado” por el régimen y los oligarcas de Orbán.
El funcionamiento de esta entidad quedará en manos del ministro de Gobernación, Bálint Ruff, quien ha prometido que responderá ante la Justicia la “banda que ha robado al menos 55.000 millones de euros”.
Magyar también ha prometido restaurar la democracia liberal, desde las libertades civiles hasta el Estado de derecho, la libertad de prensa, el pluralismo político y los derechos de la comunidad LGBTI, que ha sido criminalizada en los últimos años por Orbán. En ese sentido, aseguró, después de ganar las elecciones, que bajo su Gobierno todo el mundo podrá amar a quien quiera.
El futuro ministro de Cultura, Zoltán Tarr, asegura que se restaurará la libertad y la transparencia en la cultura en general, en colaboración con las organizaciones civiles del país.
Hungría ocupa el puesto 68 en el ránking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), el cuarto peor de la UE.
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Según ha denunciado Peter Magyar, el Gobierno de Orbán “ha vaciado” las arcas públicas, mientras que algunos medios indican que el nuevo Ejecutivo tiene margen para “tapar los huecos” de las cuentas con algunas reformas, como sanear el sistema de contrataciones públicas, eliminando sobrecostes que suponen hasta el 2,5 % del PIB.
El Estado húngaro también podría ahorrar importantes sumas suspendiendo los gastos en la propaganda estatal o aumentando la recaudación fiscal con un nuevo impuesto a las fortunas mayores de 2,8 millones de euros.
Con todo, los medios subrayan que la tarea más importante para poder reactivar la economía será la de tranquilizar a los mercados.