Así lo indicaron este martes a Efe las organizaciones humanitarias Tutela Legal “María Julia Hernández” y Cristosal, cuyos abogados representan a las víctimas en el proceso.
Los peritos juramentados por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera son los salvadoreños Fernando Rafael Rivas y Jorge Alberto Juárez, y la guatemalteca Velia Muralles.
Se espera que el 18 de septiembre Muralles se refiera al bloqueo de las inspecciones judiciales a los archivos del Ejército y los resultados de las inspecciones del Archivo General de la Nación, mientras que el 19 expondrían Juárez y Rivas.
El Ejército, respaldado por el presidente Nayib Bukele, bloqueó en 2020 las diligencias de inspección a los archivos de varios cuarteles ordenadas por el juez de la causa, Jorge Guzmán, y respaldadas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
En abril pasado, dos peritos presentaron sus respectivos informes y revelaron la existencia de un documento oficial que da cuenta por primera vez de la existencia de planes militares relacionados con la masacre y la presencia de un asesore estadounidense en el sitio de la matanza.
Más de una docena de mandos militares retirados son procesados penalmente por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por esta masacre.
Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.