El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción “dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva” para el exfuncionario Adán Fúnez, Juan Ángel Ramos y Héctor Eduardo Méndez, tras concluir la audiencia inicial que comenzó el viernes, indicó el Poder Judicial.
A los tres hombres se les considera “autores Intelectuales" de los delitos de "asesinato y asociación para delinquir en perjuicio del ambientalista y exregidor (exconcejal) Juan Antonio López y los derechos fundamentales de la sociedad del Estado de Honduras”, enfatizó el Tribunal Supremo.
El ambientalista Juan López fue asesinado el 14 de septiembre de 2024, horas después de exigir públicamente la renuncia de Fúnez, exalcalde de Tocoa, una localidad al norte del país rica en biodiversidad pero golpeada por los conflictos por tierras, porque estaba implicado en actos de corrupción.
López era concejal de la alcaldía de Tocoa por el izquierdista Partido Libre, misma formación política que el exalcalde vinculado a su asesinato, además de un destacado líder comunitario y férreo opositor a un proyecto de minería a cielo abierto operado por la empresa Inversiones Pinares (antes Emco Mining Company), al que señalaba de ilegalidad en su concesión.
Debido a las amenazas derivadas de su activismo, el ambientalista contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023.
Al exalcalde, capturado en Tocoa esta semana, se le vincula con un escándalo de narcotráfico a raíz de una reunión en 2013 en la que participó junto al exdiputado Carlos Zelaya, hermano del derrocado expresidente Manuel Zelaya y, a su vez, cuñado de la mandataria Xiomara Castro (ambos esposos y dirigentes del Partido Libre).
Carlos Zelaya estaría presuntamente negociando el financiamiento de la campaña política del partido para las elecciones generales de ese año.
La reunión quedó registrada en un video grabado con una cámara oculta por Devis Leonel Rivera, uno de los líderes del cartel de Los Cachiros, y entregado a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), donde el narcotraficante propone un soborno al partido y Carlos Zelaya responde que "la mitad debe ir para el comandante", refiriéndose a su hermano Manuel Zelaya.