Se trata del llamado Ferrogrão, un ferrocarril de 933 kilómetros de extensión planificado hace 10 años para conectar el estado de Mato Grosso (oeste), uno de los principales graneros del país, con Itaituba, un puerto sobre el río amazónico de Tapajós desde el que se puede acceder por vía fluvial a las terminales del norte de Brasil en el océano Atlántico.
El ferrocarril, con capacidad para transportar hasta 42 millones de toneladas de soja y maíz al año, es cuestionado por organizaciones ecologistas por su impacto ambiental en la Amazonía y porque reduce en 862 hectáreas el tamaño del Parque Nacional de Jamanxim, una importante reserva en el estado amazónico de Pará con 860.000 hectáreas de extensión.
Pese a las críticas y ante una demanda del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el pleno del Supremo Tribunal Federal determinó este jueves, por nueve votos a favor y uno en contra, que la ley que reduce la reserva y le da viabilidad al ferrocarril se ajusta a la Constitución.
El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil explicó en un comunicado que la decisión de la máxima corte atiende sus recomendaciones y aclaró que el proyecto aún está en fase de estudios iniciales y que sus impactos ambientales aún tienen que ser evaluados.
"La decisión del Supremo no analiza la viabilidad ambiental del proyecto y reafirma que el mismo tiene que seguir todos los procedimientos de licenciamiento ambiental", aclaró el Ministerio Público.
El organismo reconoció que el parque de Jamanxim está ubicado en una región que sufre fuerte presión de deforestación y que protege especies amenazadas como los jaguares y algunos primates, pero aclaró que su reducción es mínima.
Para el Ministerio Público, además, la construcción del ferrocarril generará beneficios ambientales debido a que el uso de rieles para el transporte de granos impide la circulación de miles de camiones con las consecuentes emisiones de gases contaminantes.
Al contrario de lo alegado por el PSOL, el instructor del proceso en el Supremo, magistrado Alexandre de Moraes, afirmó que el ferrocarril no pasa por ninguna reserva indígena y que la ley prevé una compensación ambiental mediante el aumento de la reserva en otras áreas.
"El ferrocarril no pasa por ningún territorio indígena. El mayor impacto lo sufriría la Tierra Indígena Praia do Mangue, que está a cuatro kilómetros de distancia", afirmó Moraes en su sentencia.
El único magistrado que votó por la inconstitucionalidad de la ley fue Edson Fachin, quien alegó que la reducción de una reserva ambiental tiene que ser aprobada por un proyecto de ley y no por un decreto ejecutivo como ocurrió en este caso.