El objetivo de la medida es "garantizar que existe suficiente capacidad para producir, almacenar o flexibilizar el consumo de electricidad y que la producción se ajuste a la demanda esperada", explica en un comunicado el Ejecutivo comunitario.
Aunque la responsable de la cartera de Competencia en la Comisión Europea es la española Teresa Ribera, este sistema ha sido evaluado por los servicios del comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, quien asumió el análisis de las ayudas españolas que deben superar el escrutinio europeo.
"Este nuevo mecanismo ayudará a España a tener suficiente electricidad disponible durante momentos de carencia. Los proveedores de capacidad serán seleccionados a través de subastas competitivas para asegurar una competencia efectiva", destacó el exprimer ministro letón.
Bruselas dio así luz verde a la medida notificada por el Gobierno español y cuya duración está prevista en 10 años a partir de este mes de mayo, tras concluir que la iniciativa se ajusta a la normativa europea sobre ayudas de Estado por ser "necesaria, adecuada y proporcionada".
El mecanismo de capacidad diseñado por Madrid para todo el mercado eléctrico contempla que el operador de la red de transporte de energía nacional (Red Eléctrica) remunere toda la capacidad necesaria para cumplir con el llamado estándar de fiabilidad.
Esto afecta a las horas máximas aceptables de pérdida de carga al año -es decir, la cantidad de demanda eléctrica que no se puede cubrir por interrupciones del suministro-, un tope fijado para que el sistema garantice la seguridad de suministro.
El baremo se ha establecido con base en la evaluación nacional de adecuación de recursos de España y ha sido aprobado por la Agencia europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER).
El nuevo mecanismo podrá financiar todos los proyectos de generación y almacenamiento eléctrico, así como a los de recorte del consumo, que se presenten para mitigar periodos de escasez, y tanto si están ya en marcha como si son de nueva creación. Los beneficiarios serán seleccionados a través de procesos de licitación transparentes y no discriminatorios.
El plan está dotado con unos 900 millones de euros al año, lo que hasta 2036 eleva su montante total a 9.000 millones de euros, aunque esta cantidad está sujeta a los resultados de cada subasta de capacidad.
Aunque la medida estará abierta a proyectos ubicados en España, el Gobierno se compromete a permitir la participación de proyectos de otros Estados miembros interconectados lo antes posible.
El mecanismo de capacidad apoyará el desarrollo de servicios de flexibilidad (operadores de almacenamiento y de respuesta a la demanda) donde sea necesario, para alcanzar el objetivo nacional de flexibilidad de España de acuerdo con la legislación de la UE y la metodología de la ACER.
El objetivo último del plan es garantizar una creación neta de electricidad suficiente para alcanzar el estándar de fiabilidad, y en línea con el objetivo de flexibilidad de España de acuerdo a la legislación de la UE y de los criterios de la antes citada ACER.
Tras analizar la medida, la Comisión ha concluido que esta es "necesaria y adecuada" para sus objetivos y se ajusta a la normativa de electricidad de la UE. Bruselas considera además que su dotación es "proporcionada" y que el plan se alinea "con la mayoría de las mejores prácticas para los mecanismos de capacidad" recogidas en el Marco de Ayudas de Estado para la Industria Limpia (CISAF).