El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró en redes sociales que la “vil inclusión” de Díaz-Canel, parte de su familia y otras personas e instituciones cubanas en la lista de sancionados es “la última muestra del plan intervencionista estadounidense” para presentar a La Habana “como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
“Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso. Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo”, concluyó el ministro.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras a Díaz‑Canel, a su mujer, Lis Cuesta, a su hijastro, Manuel Anido Cuesta, al coronel Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro, y al hijo de este último, Raúl Alejandro Castro Calis.
La Administración de Donald Trump impuso además sanciones al Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba y a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), una red de comités de barrio creada para articular el apoyo popular a la revolución comunista.
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El listado de entidades sancionadas se completa con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la minera La Victoria y la agencia de viajes Amistur.
Las sanciones implican la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades designadas, cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.
Esta ronda de sanciones forma parte de la estrategia de presión que el Gobierno de Trump ejerce sobre Cuba para forzar cambios económicos y políticos en la isla.
Desde la captura de Nicolás Maduro en enero, en un ataque militar estadounidense en Venezuela, Trump ha impuesto un bloqueo petrolero a Cuba, que ha agravado su crisis económica, y ha amenazado en varias ocasiones con “tomar el control” de la isla.